La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.
La CPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, ha hecho saber la corte en un comunicado.
La corte entiende «motivos razonables» para creer que Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos, bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».
En términos prácticos, la detención requiere de la connivencia de aquellos países por los que pueda moverse el mandatario ruso, que ya ha reducido en el último año sus viajes al extranjero. Así, el paso dado por la corte de La Haya es un primer envite judicial contra Putin, pero dista mucho de ser definitivo.
Antes de dictar la orden de arresto sobre el presidente ruso, el TPI ya tenía pendiente la detención de otras 15 personas que suman entre todas ellas más de 200 cargos relativos a crisis en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil y la región sudanesa de Darfur. El Estatuto de Roma, piedra angular del TPI, establece que la corte no puede juzgar a ningún acusado in absentia, es decir, que necesita que el individuo en cuestión se siente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. Sin embargo, no dispone de una institución capaz de ejecutar el arresto, por lo que depende de los Estados miembro.
Actualmente, 123 países han suscrito el Estatuto de Roma, pero entre ellos no están Rusia ni tampoco otros aliados del propio Putin, como podrían ser China o Bielorrusia. En este sentido, La Haya recuerda en sus documentos que para arrestar a un prófugo no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma y que en el pasado ya pidió la colaboración de países externos.
En el 2015, Sudáfrica evitó detener al entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana. Una vez detenido, el sospechoso sigue un proceso que depende en un primer momento de las instituciones del país donde se haya procedido al arresto. Debe comparecer ante la autoridad judicial competente, que examinará si se han cumplido o no las leyes y si cabe la entrega al TPI, dentro de un proceso que difiere del de extradición.
Efe informó por su parte de que un total de 16.220 niños ucranianos han sido deportados del país desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania según el Defensor del Pueblo ucraniano.
La institución informa en su perfil de Facebook del número total de menores que han sido deportados hasta el 6 de febrero y que recoge el portal estatal ucraniano Children of the War. También aseguran que en este periodo otros 350 niños han sido dados por desaparecidos y se ha logrado localizar a un total de 9.510 menores que estaban ilocalizables desde que se inició el conflicto.
El fiscal ucraniano agradece a La Haya su orden de arresto contra Putin
El fiscal general ucraniano agradeció hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) la orden de arresto dictada por este tribunal con sede en La Haya contra el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, bajo acusaciones de haber deportado ilegalmente a Rusia a niños ucranianos.
«Agradezco personalmente al fiscal de la CPI Karim Khan esta histórica decisión», escribió en su cuenta de Twitter el jefe de la Fiscalía ucraniana, Andriy Kostin, que recordó que la justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos de territorios ocupados por Moscú.
«Tememos que los números reales sean mucho más altos», agregó el fiscal general ucraniano, que explicó también que las autoridades de Kiev han compartido con La Haya más de 40 volúmenes y un millar de páginas de pruebas que documentan estos casos.
Kostin recordó que la orden dictada por La Haya obliga a los países que forman parte del tribunal a detener y entregar al presidente ruso a la CPI. «Los líderes del mundo deben pensárselo dos veces antes de darle la mano o sentarse con Putin», remacha el fiscal ucraniano.
Ucrania había iniciado varios procesos contra Rusia en La Haya por los más de 70.000 crímenes de guerra rusos que dice haber documentado en el territorio.
Es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
