La familia de uno de los menores denunciados por presuntos abusos sexuales en un colegio de Granada ha defendido su inocencia y ha recurrido su expulsión del centro. Afirman que «no se activó el protocolo» que determina la Junta de Andalucía «ni se ha respetado el derecho a la defensa y presunción de inocencia de la menor», que ha sido «señalada» y apartada de su entorno escolar pese a que el expediente presenta «verdaderas contradicciones».
La familia formalizó este pasado jueves su recurso ante la Delegación de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía solicitando la nulidad del procedimiento por «irregularidades» y que se revoque la expulsión del centro de la menor, según ha detallado a Europa Press su letrado, Jorge González Luna.
El letrado advierte de la existencia de «contradicciones» en el expediente en asuntos de calado como «el lugar corporal donde se produjeron las agresiones, el número de alumnos involucrados, el número de veces que han tenido lugar las agresiones y también en datos de las características físicas de las agresoras que no concuerdan» con las de su clienta.
Investigan un segundo caso de presunto abuso sexual en un mismo colegio de Granada
Incide además en que a los padres «se les apartó desde el primer momento» y «no tuvieron participación» en reuniones que su hija mantuvo con el profesorado ni «han recibido la debida información que determina la ley», según han expuesto en el recurso, que avanza el diario Ideal. A juicio de esta familia, se ha producido así un «tratamiento inquisitorial y no se han protegido los derechos del menor, de su defensa y de su presunción de inocencia» pues «se ha intentado desde el primer momento que se inculpara con maniobras y técnicas muy reprobables».
«A pesar de las presiones que ha recibido, no lo ha hecho porque es inocente», defiende el letrado, quien precisa que la familia está a la espera de conocer la decisión de la Junta de Andalucía por vía administrativa antes de estudiar posibles acciones legales a raíz de este asunto en el que piden que «se aclaren los hechos» y «se castigue a los culpables».
El letrado confirma que actualmente su cliente no ha recibido ningún tipo de citación en el ámbito judicial y todo se sigue por la vía administrativa.
