La Fiscalía ha solicitado en un nuevo escrito dos años de cárcel para la exconcejal de Urbanismo de Granada Isabel Nieto (PP) y otras tres personas que ocuparon puestos de responsabilidad en este departamento cuando se concedió, presuntamente de forma irregular, la licencia de primera ocupación del residencial ‘Ciudad de la luz’, compuesto por 300 viviendas, garajes y trasteros. Ello para presuntamente «beneficiar» a un promotor y sus empresas.
El Ministerio Fiscal ha mantenido así su acusación en esta pieza separada del ‘caso Nazarí‘ conocida como expediente San Jerónimo, después de que la Audiencia de Granada anulara el auto que en julio de 2023 ya procesó a la excúpula de Urbanismo por este asunto. El tribunal limitó los hechos constitutivos de delito a la recepción/ocupación parcial de la urbanización y dejó fuera otros como el de cohecho, malversación de caudales públicos o tráfico de influencias.
Tras estas anulaciones, las acusaciones deben volver a posicionarse sobre esta pieza, la única que queda en tramitación del caso Nazarí junto a la del expediente Mulhacén.
En su nuevo escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía acusa de prevaricación urbanística a Isabel Nieto; al director técnico de Obras en el Ayuntamiento en el momento de los hechos, Manuel Lorente, al exdirector de Licencias, E.M.H. y a un arquitecto jefe del Servicio de Obras por aquel entonces. Además considera responsable civil al promotor presuntamente beneficiado, J.J. Romero, a dos de sus sociedades y al propio Ayuntamiento de Granada.
La fiscal Sara Muñoz-Cobo García considera que los cuatro acusados «puestos de común acuerdo» y «con la finalidad de beneficiar al promotor» acordaron «con vulneración de la legalidad urbanística» la concesión en 2012 de la licencia de primera ocupación para este conjunto residencial de dos edificios situado en la calle Pedro Machuca, que promovía este promotor a través de la empresa Casería de San Jerónimo S.L.
Mantiene la fiscal que la licencia se dio «aduciendo razones de interés público inexistentes» y «a pesar de no estar finalizadas las obras de urbanización como era preceptivo legalmente». Afirma que los acusados actuaron en contra de los criterios establecidos en anteriores informes técnicos y sin el «preceptivo informe jurídico». Tampoco contaban supuestamente con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en lo referido al desvío del Barranco San Jerónimo, «contraviniendo» con ello «de forma muy grave la legalidad».
De hecho, la Fiscalía les acusa de «abusar» de las funciones propias de su cargo para crear una «apariencia de legalidad» que permitiera «adjudicar» las licencias de primera ocupación y, además de las penas de prisión, pide que sean condenados a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
«Multitud de problemas para los vecinos»
A lo largo de su escrito, de 21 páginas, la fiscal Sara Muñoz hace hincapié en que las licencias solo pueden otorgarse por la Administración si se cumplen los presupuestos legales. Si bien, en el presente caso faltaba un aspecto «básico» como es la terminación de las obras de urbanización.
Respecto a la ejecución de las obras del desvío del Barranco de San Jerónimo como «requisito indispensable», señala la fiscal que el propio informe favorable de la concesión de licencia de primera ocupación recoge que no estaban concluidas.
Así las cosas, la puesta en servicio se «limitó a las manzanas ocupadas por las 300 viviendas» y por una estación de servicio, por lo que actualmente existe una «carencia de equipamientos y dotaciones al no haberse ejecutado el planeamiento» previsto.
De hecho, recalca que el «estancamiento» de la urbanización del PP-N2 «ha generado multitud de problemas a los vecinos del residencial Ciudad de la Luz» como «problemas de salubridad en los alrededores amén de la ausencia de servicios públicos como limpieza vial o recogida de basuras debido a la interpretación que hace el Ayuntamiento de que no ha sido recepcionada la urbanización» de este plan parcial.
Indemnizaciones
En el ámbito de la responsabilidad civil, solicita que las dos mercantiles del promotor y él mismo indemnicen los gastos de urbanización pendientes, tanto de nueva ejecución como de reparación de lo existente.
Al pago de esta indemnización se deberá destinar la cantidad depositada en el Ayuntamiento, según precisa la Fiscalía, explicando que los gastos han sido tasados en 1,4 millones de euros y de estas cantidades responde subsidiariamente el Ayuntamiento de Granada.
Por contra, la fiscal descarta solicitar la declaración de nulidad de las licencias que presuntamente no se ajustaron a la ley en tanto que eso afectaría a terceras personas ajenas al procedimiento, como son los vecinos.
