La Fiscalía ha pedido tres años y diez meses de cárcel, además de una multa de 10.800 euros, para el ex director económico de la empresa municipal Promálaga, Francisco Muñoz, por los delitos de cohecho y falsedad en el ‘Caso Mordidas’.
Muñoz, según la acusación, «se reunió con un directivo de una empresa que ya había tenido relaciones comerciales con Promálaga y, tras afirmar que los contratos conseguidos habían sido gracias a su intervención, presuntamente le exigió el pago del 50% del beneficio obtenido con el último firmado».
El portavoz del PSOE en la Casona del Parque, Daniel Pérez, le ha reclamado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, «toda la documentación de un caso que se investiga desde 2016, pero que saltó a los medios de comunicación en septiembre de 2019 por la investigación y cese del ex director económico y financiera por, presuntamente, quedarse con el 10% de los contratos públicos firmados por la entidad municipal».
En el momento en el que comenzó la investigación, la empresa manejaba un presupuesto cercano a los 12 millones de euros. El ex director económico de Promálaga, según ha avanzado la Fiscalía, confeccionaba los informes de necesidad para justificar las licitaciones de contratos que, supuestamente, se ofrecían a medida a empresas privadas en procedimientos discrecionales, sin publicidad, a cambio de la comisión del 10%, para cuyo cobro se creaban facturas falsas.
Pérez le ha exigido al regidor que «informe sobre la gestión de dinero público y los contratos de esta empresa municipal» después de la acusación de la Fiscalía a este ex alto cargo de Promálaga «puesto a dedo por de la Torre».
«Es una de las empresas más opacas del holding municipal, que mantiene el mismo modus operandi que hemos visto en Smassa, con otro gerente cesado por su mala gestión», ha dicho el socialista. «Le pedimos a de la Torre que el Ayuntamiento se persone como acusación particular si es que el alcalde no tiene nada que temer. Esto es muy grave, estamos hablando de dinero público que se ha llevado un alto cargo puesto a dedo por el PP y al que se le indemnizó con cerca de 180.000 euros», ha añadido.
El Ayuntamiento de la capital y la empresa municipal, a través de un comunicado, han asegurado que «han defendido todos los intereses municipales desde que presentaron la denuncia y han dado todos los pasos que procedían legalmente en tiempo y forma».
El Consistorio ha subrayado que el proceso judicial «se inició a raíz de la denuncia presentada en mayo de 2017 por el entonces vicepresidente de Promálaga, el concejal Mario Cortés, y el gerente de Promálaga, Francisco Salas» y ha recordado que «el despido disciplinario del exdirector económico-financiero, por quebranto de la buena fe y abuso de confianza, se produjo en septiembre de 2019, una vez concluida la investigación de la Policía Nacional e iniciado un procedimiento penal contra el trabajador por varios presuntos delitos».
En esta línea, han señalado que «no es hasta entonces cuando la empresa puede solicitar personarse como acusación particular y, en consecuencia, obtiene información sobre las actuaciones en curso», además de afirmar que están a la espera de que el juicio se celebre en julio de 2025.
Con Málaga, por su parte, ha pedido una comisión de investigación de los contratos de Promálaga. «La gravedad de los hechos requiere que el alcalde dé explicaciones y que se tomen medidas», ha señalado la portavoz de la formación política, Toni Morillas.
