Tiene la voz quebrada, pero su mirada no titubea. María Remedios confiesa que lleva cuatro años sin dormir tranquila, cuatro años en los que una casa que compró con esfuerzo se ha convertido en su peor pesadilla. Los inquilinos que ocupan su vivienda, donde ha vivido durante tres décadas, dejaron de pagar al poco tiempo de entrar y, desde entonces, el desgaste emocional y económico no le ha dado tregua. En cualquier caso, la inquiokupación se ha convertido ya en un lastre del que es difícil desprenderse no solo en Málaga, también a nivel nacional.
“Yo no tengo por qué protegerlos, no son mi familia”, asegura con firmeza la malagueña mientras enumera los 27.000 euros que ya le deben. Cada palabra que pronuncia delante de su vivienda “inquiokupada” refleja el cansancio acumulado de alguien que sostiene a una familia ajena. “Esta casa la compré para mis hijas, pero ahora son ellas quienes tienen que pagarse un alquiler mientras esta gente vive aquí gratis”, cuenta a 101 Televisión.
Este no es un caso aislado. La inquietante realidad de la inquiokupación ha atrapado a miles de propietarios como María Remedios, cuyas esperanzas de recuperar sus vivienda han quedado en suspenso a la espera de una solución judicial. Y hay casos de todo tipo: quienes han ahorrado toda una vida para tener una vivienda en propiedad o quien la ha recibido de una herencia.
Cuando la vulnerabilidad se convierte en escudo
Gema Rojas, autónoma y madre de dos hijas, describe su situación como “un antes y un después”. La casa de su madre, comprada con el dinero de una indemnización tras la muerte de su hermano, lleva cinco años ocupada por unos inquilinos que dejaron de pagar. “Mi madre tiene 79 años. Ella, de su propio bolsillo, les dijo que no le pagaran el alquiler durante la pandemia porque sabía lo que era pasar apuros. ¿Y cuál fue su respuesta? Dejar de pagar definitivamente”, cuenta Gema mientras su voz desprende rabia y frustración.
La lacra de la inquiokupación: cuando alquilar una vivienda se convierte en pesadilla
Han pasado dos juicios, dos sentencias de desahucio, y nada ha cambiado. Cada vez que el juzgado dicta el desalojo, los inquilinos acuden a los servicios sociales para ser declarados vulnerables, una herramienta que para muchos propietarios se ha convertido en un escudo para quienes abusan del sistema. “¿Cómo se puede vivir así? ¿Cómo puede alguien seguir adelante sabiendo que los derechos del inquilino están por encima de los del propietario?”, añade Gema.
La lucha desesperada por recuperar lo que es suyo
El caso de José Antonio Martín es distinto, pero igual de exponencial para lo que está sucediendo. Él y su pareja alquilaron un piso por habitaciones. Cuando necesitaron recuperarlo, sus inquilinas se negaron a irse. Y ante la desesperación, decidieron empezar a convivir con ella para hacer presión y recuperarla, pero se convirtió en un infierno. “Nos han destrozado la cocina, han roto la encimera del baño y viven entre basura, dicen que no se van, y todo esto mientras nosotros seguimos pagando luz, agua y comunidad”, explica con impotencia.
Hay muchos casos en los que estos inquilinos que no pagan trabajan y lo hacen superando el umbral por el que se consideraba a una persona como vulnerable en el decreto que recientemente se ha derogado, pero siguen en la vivienda. “Es una injusticia tremenda, mi pareja ha trabajado toda su vida para comprarse este piso. ¿Por qué alguien puede quedarse con algo que no es suyo?”, se pregunta.
Virginia Robles, secretaria de la Asociación sin ánimo de lucro de propietarios de viviendas contra la inseguridad jurídica (Aprovij), logró recuperar su vivienda tras demostrar que su inquilina vulneraba las condiciones que le protegían. Pero admite que fue un caso excepcional. “Tuve que hacer de detective para desmontar la farsa, si no llega a ser por mi insistencia, seguiría sin casa”, comenta.
Menos alquileres disponibles
Robles pone el foco en las consecuencias de este problema para el mercado de alquiler. “Muchos propietarios no sacan sus viviendas porque tienen miedo de acabar así. Esto deja a muchos inquilinos honrados, que sí pueden pagar, sin acceso a una vivienda digna”, explica. El reciente fin del decreto que protegía a los inquilinos declarados vulnerables ha dado una pequeña esperanza a los afectados, tras una manifestación multitudinaria en la capital madrileña. Sin embargo, el miedo persiste. Los propietarios temen que las medidas sociales que plantea el Gobierno puedan volver a dejarles desprotegidos.
“Nosotros no somos rentistas ni millonarios, somos trabajadores, jubilados, gente que ha comprado una vivienda con esfuerzo para que nuestros hijos tengan un futuro, no podemos seguir siendo responsables de personas que no cumplen con sus obligaciones”, concluye María Remedios asumiendo que el problema de la inquiokupación es más que una lucha legal.
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