La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha abierto consulta pública previa en relación al proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, de reconocimiento de autoridad del profesorado, se establece la cobertura jurídica, psicológica y otras medidas de apoyo y reconocimiento al mismo, así como el procedimiento para el ejercicio de la potestad disciplinaria de las personas titulares de la dirección de los centros públicos de educación no universitaria.
El Pleno del Parlamento andaluz aprobó el 21 de julio de 2021, con los votos de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (CS) y Vox, dicha Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que persigue reconocer la autoridad docente y destacar su figura como pilar fundamental del sistema educativo, con la finalidad de procurar «un adecuado clima de convivencia en los centros docentes que contribuya a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación de todo el alumnado».
La Junta trabaja ahora en el decreto para desarrollar esta ley, para lo que ha acordado abrir la consulta pública previa para «recabar la opinión de la ciudadanía, organizaciones y asociaciones más representativas, potencialmente afectados» por dicho proyecto, según se lee en la resolución, de 4 de octubre de 2023, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la publicación en el portal de la Junta de Andalucía de dicha consulta pública previa, consultada por Europa Press.
Desde este pasado viernes, 6 de octubre, y hasta el día 27 de este mes estará abierto el plazo para que «la ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren» puedan «hacer llegar sus aportaciones sobre los aspectos planteados en este documento» a través de la dirección de correo electrónico ‘coordinacion.rrhh.ced@juntadeandalucia.es’.
Quien formule estas aportaciones deberá incluir en su correo su nombre y apellidos o razón social, o denominación de la entidad a la que represente.
PROBLEMAS A SOLUCIONAR
Los «problemas» que se busca solucionar con este proyecto de decreto tienen que ver con el «respeto y consideración hacia el profesorado por parte del alumnado, de los padres y madres o representantes legales y del resto del profesorado», así como con el «clima de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el ejercicio de la función docente».
Otros «problemas» a resolver con este decreto atañen a la «potestad al profesorado para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, en las actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar», según aclaran desde la Junta.
Además, con este proyecto de decreto en el que trabaja el Gobierno andaluz se persigue la «colaboración de los padres, madres o representantes legales para el cumplimiento de las normas de convivencia», así como la «protección jurídica al profesorado, adecuada a sus funciones docentes».
Asimismo, la Junta compromete con este proyecto de decreto «apoyo por parte de la Administración educativa, que velará por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de la tarea que desempeña». Con este fin, «la Administración realizará campañas de difusión e informativas que aumenten su consideración y su prestigio social», se puede leer también en la información vinculada a este proceso de consulta pública previa.
Desde la Consejería que dirige Patricia del Pozo argumentan que la aprobación de este decreto es «necesaria» para «proporcionar un marco normativo adecuado, objetivo y riguroso, para establecer una serie de medidas de apoyo y reconocimiento al profesorado con objeto de fomentar tanto su valoración social como el respeto y la autoridad que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y competencias, a fin de que pueda desarrollar su labor con las máximas garantías».
Finalmente, como objetivos de la norma sometida a consulta pública previa, la Junta incluye el de «reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con la Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, y fomentar la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones y competencias, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado».
Otro objetivo de este proyecto de decreto es el de «regular un sistema de cobertura que garantiza la protección y asistencia jurídica y psicológica del profesorado de los centros docentes públicos no universitarios en relación con los hechos que se deriven de su ejercicio profesional».
Finalmente, la Junta señala el objetivo de «establecer el procedimiento para el acceso a dicha cobertura, así como otras medidas de reconocimiento y apoyo al mismo, un plan de contingencias para agresiones que pueda sufrir el profesorado de centros docentes sostenidos con fondos públicos y el procedimiento a seguir para el ejercicio de la potestad disciplinaria por los directores y directoras de los centros docentes públicos, a excepción de los universitarios, atribuida por el artículo 132.5 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía».
