El Consejo de Gobierno ha aprobado un Decreto ley por el que se adelantan las ayudas a los municipios afectados por la DANA, la mayoría en la provincia de Málaga, y en el que se establece también la bonificación al cien por cien del impuesto sobre transmisiones de vehículos para todos los que los hayan perdido como consecuencia de los efectos de ésta y adquieran uno de segunda mano entre particulares.
El objetivo es ayudar a los afectados por el temporal a recuperar lo antes posible la normalidad al acceder con mayor facilidad a la sustitución de un nuevo vehículo. Esta nueva medida se suma al resto de ayudas e incentivos puestos ya en marcha por la Junta de Andalucía para apoyar a las zonas afectadas, así como las reparaciones urgentes de infraestructuras públicas dañadas.
El Consejo de Gobierno aprobó un primer acuerdo el día 5 de noviembre de 2024 para declarar la situación excepcional y dar una respuesta inmediata y efectiva a las incidencias provocadas por la DANA del 29 de octubre. Dicho acuerdo se amparaba en lo previsto en el Decreto 27/2023, que establece el marco normativo para la concesión de ayudas destinadas a entidades locales que se vean especialmente afectadas por fenómenos adversos.
De esta forma, en dicha reunión ya se declaró la DANA un desastre natural como incidencia en el potencial productivo agrario y se estableció un primer listado de municipios afectados. Con posterioridad, el 12 de noviembre de 2024 se adoptó un segundo acuerdo para ampliar ese listado de municipios afectados por dicha declaración de desastre natural a consecuencia de la DANA. Y, por último, y a consecuencia de la segunda DANA que afectó a Andalucía entre el 11 y el 15 de noviembre, el 26 de noviembre de 2024 se aprobó un nuevo acuerdo de declaración de situación excepcional que permitió la inclusión de nuevos municipios perjudicados por este nuevo temporal.
En este escenario, el Gobierno andaluz considera ineludible adoptar medidas urgentes que permitan paliar los efectos de estas catástrofes naturales y apoyar tanto a los andaluces como a los sectores afectados. Así, se han puesto en marcha medidas para arreglar infraestructuras municipales y de transporte, ayudas al campo y ahora, y debido al alto índice de siniestrabilidad causados por estos temporales, el Gobierno de la Junta de Andalucía quiere también ayudar a aquellos andaluces que han perdido su medio de transporte, vital para el ejercicio de sus actividades diarias.
Por ello, el Gobierno andaluz ha considerado prioritario poner en marcha una medida fiscal excepcional que contribuya a la rápida recuperación de la movilidad y el restablecimiento de la normalidad en las zonas más afectadas por los temporales. Se trata de rebajar al cero por ciento el gravamen en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para todas aquellas personas que vayan a adquirir un vehículo que sustituya al perdido por las inundaciones, lo que permitirá aliviar la carga económica de las familias para reponer su medio de transporte.
También los municipios que se acojan a estas ayudas recibirán lo antes posible sus ayudas, que cuentan con una previsión económica de 20 millones de euros. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, encargada de su gestión, podrá anticipar hasta el 100% de sus ayudas una vez que entre en vigor este Decreto ley y que los ayuntamientos lo soliciten a través de la web de la Junta de Andalucía en un plazo que expira el 13 de diciembre de 2024.
El objetivo es que, antes de 31 de diciembre, todos los municipios afectados hayan recibido el dinero para poder hacer frente a las reparaciones de los daños causados por las dos DANA.
Situación económica de las universidades
Por otro lado, la situación económica financiera de algunas universidades públicas andaluzas, originada fundamentalmente como consecuencia de las deudas que han generado por la inversión en infraestructuras, ha ocasionado que actualmente las mismas no dispongan de recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones de pago por dichas obras sin afectar a la prestación de los servicios públicos.
Además, el incumplimiento de estas obligaciones de pago está provocando un incremento de las deudas por el devengo de los intereses de demora correspondientes e incluso, en algún caso, ya se ha iniciado el proceso judicial de estas cantidades. Por este motivo, el Decreto ley incluye también un marco especial dentro de la Ley Andaluza de Universidades, que permita conceder préstamos a las universidades que se encuentren en esta situación extraordinaria, para poder atender a sus obligaciones sin que esto afecte a la prestación de servicios. Se incorpora una nueva disposición en el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades para establecer “préstamos reintegrables de carácter excepcional”.
A este mecanismo se podrá acoger por ejemplo la Universidad de Málaga, que ya ha manifestado la necesidad de contar con un préstamo de 48,5 millones de euros. Las condiciones de estos préstamos tendrán como límite un plazo de amortización de no más de 21 años, con un tipo de interés que como mínimo será del 1% y un periodo de carencia no superior a años.
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