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La Junta asume las «críticas» por el cambio de modelo de Dependencia pero exige al Gobierno una «deuda» de 4.000 millones

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha reconocido que el nuevo sistema de gestión de la Dependencia ya en vigor en la comunidad «requiere de tiempo y formación» pero ha defendido la necesidad de cambiarlo, al tiempo que ha asumido las «críticas» de la oposición por el aumento de las listas de espera. En materia de financiación, la consejera ha cifrado en 4.000 millones de euros la «deuda» del Gobierno de España con los dependientes andaluces desde 2019, recordando que, según se recoge en la Ley, la Dependencia debe ser sostenida a partes iguales por la administración nacional y regional. «A más Sánchez, menos dependencia», ha sentenciado.

En su intervención en la comisión parlamentaria de este jueves, Loles López ha asegurado que «vamos a un sistema mejor, que va a aligerar el problema de muchos profesionales» y ha sostenido que, aunque «le damos baza política a la oposición, por la noche, quien se acuesta con mi conciencia soy yo». En este punto, la consejera ha explicado que en el paso de datos del anterior sistema al actual se han detectado expedientes duplicados, de personas que ya están fallecidas e incluso de beneficiarios que ya están recibiendo la prestación.

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Ante esta situación, la Consejería «tomó la decisión» de «no dejar morir los expedientes», lo que se traduce, por el momento, en que suben las listas de espera. «Estamos hablando del sistema de Dependencia más grande de España. Mientras sigan apareciendo expedientes, van a seguir subiendo los días si ése es el titular que ustedes quieren. Es cierto, pero ya tienen la explicación. Respeto la crítica, pero me quedo con las personas. Decidan ustedes si quieren estadísticas o personas», ha apuntado Loles López, que ha defendido que los cambios han supuesto «mover un avispero» pero que «estamos aquí para gestionar».

Durante su comparecencia en el Parlamento, la consejera ha recordado que la Ley de Dependencia nació hace más de 17 años y requería un cambio porque «es una buena ley pero no funcionaba». «Necesita gestión y financiación», ha explicado y recogido la Junta en una nota de prensa. La infrafinanciación que padece el sistema de Dependencia se ha «agravado» este año al «sufrir un recorte de 200 millones de euros» al haberse prorrogados los Presupuestos Generales del Estado a causa de la decisión del Ejecutivo central de «ni siquiera presentar las cuentas para su votación en el Congreso», según ha argumentado la consejera.

De hecho, ha recordado que el propio ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, «ha reconocido este recorte de fondos y ha admitido los efectos de la falta de presupuestos que ha supuesto al menos 600 millones menos para dependencia en España». Ante esto, ha lamentado «el nuevo atropello» del Ejecutivo a los andaluces y, especialmente, a las personas en situación de Dependencia. En concreto, la Junta de Andalucía aporta «prácticamente siete de cada diez euros» al sistema y, «pese a esta falta de financiación, Andalucía ha superado por primera vez las 426.000 prestaciones y las 288.000 personas beneficiarias».

A este respecto, ha indicado que el Gobierno de España está «aún muy lejos de cumplir con la ley» y aportar la misma cantidad que la Junta de Andalucía para sostener «el mayor sistema de Dependencia del país». Por su parte, la consejera ha remarcado el Decreto de simplificación puesto en marcha para agilizar trámites y acortar plazos, evidenciando «el compromiso firme» para transformar el sistema de dependencia y conseguir una mejor respuesta al ciudadano. El decreto incluye que el procedimiento de valoración y reconocimiento de la Dependencia se haga con una única visita al domicilio de la persona y no en dos, lo que «evita molestias innecesarias, se preserva la intimidad de las personas y se reducen plazos».

Por parte del grupo parlamentario socialista, el diputado José Luis Ruiz Espejo ha achacado los problemas a la «falta de consenso» y urgencia con la que se aprobó el Decreto de Simplificación y sus consecuencias en la gestión de la Dependencia. Para Ruiz Espejo las explicaciones sobre el nuevo aplicativo son «excusas» y ha asegurado que este nuevo modelo está suponiendo «un bloqueo en la entrada al sistema».

En el caso de Vox, la parlamentaria Purificación Fernández ha calificado la gestión de «nefasta, muy mala» y ha pedido a la consejera que «no me venga con pizarritas que yo le gestioné la ayuda a mi abuela y me llamaron de su Consejería cuando ya llevaba muerta ocho meses». Las cifras, a su juicio, son «lamentables». «Estamos igual o peor que con los socialistas», ha asegurado, y ha acusado a la Junta de «vaciar las arcas públicas con chorradas» como la «ideología de género». En las filas de Por Andalucía, su diputado Juan Antonio Delgado ha avisado de que Andalucía está «al límite de tener la lista de espera en Dependencia más saturada de toda España». Por último, el grupo parlamentario ‘popular’ ha insistido en que Andalucía está «infrafinanciada» y ha exigido al PSOE que pida para la comunidad los fondos «que se deben».

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