La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía trabaja en la regulación de una oferta alimentaria «saludable y sostenible» en colegios, entre otros centros, con la dieta mediterránea como referente, con la que busca «contribuir a la reducción del sobrepeso y obesidad de la población andaluza, en especial de la infantil y juvenil».
Así se recoge en el texto del proyecto de decreto de la Consejería de Salud y Familias «por el que se garantiza la oferta alimentaria saludable y sostenible en centros docentes, sanitarios, sociales, sociosanitarios y dependencias del sector público radicado en Andalucía», actualmente sometido al trámite de audiencia e información pública y consultado por Europa Press.
Entre los objetivos del decreto, que parte de la premisa de que la obesidad infantil constituye, «por sus repercusiones sanitarias, sociales y económicas, un importante desafío para la sociedad contemporánea», figura el de garantizar dicha alimentación saludable «siguiendo los principios básicos del patrón de dieta mediterránea», y su ámbito de aplicación se extiende a centros que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas, así como enseñanzas artísticas, deportivas, de educación de personas adultas y universitaria.
También se quiere aplicar este decreto a centros de Educación Especial, a residencias escolares y escuelas-hogar, a centros que impartan formación profesional para el empleo, centros sanitarios, centros de servicios sociales destinados a menores, mayores y personas con discapacidad, además de «otros centros sociosanitarios con régimen de internado o estancia de día».
LA DIETA MEDITERRÁNEA COMO REFERENCIA
Para los menús escolares, el proyecto de decreto contempla que en su elaboración «se tendrán en cuenta las características gastronómicas de la zona y los productos de proximidad, temporada y ecológicos, tomando como referencia la dieta mediterránea».
Además, se señala, entre otras cuestiones, que «el tamaño de las raciones servidas debe ser el adecuado a las necesidades nutricionales del alumnado» y, «para su cálculo, se debe contar con un procedimiento documentado, y para servirlo será necesario un mecanismo de medición». Igualmente, el proyecto de decreto prevé que «no se permitirá al alumnado repetir plato, excepto en el caso de verdura cruda y fruta».
La Junta establece asimismo que los centros docentes, «directamente o a través de las empresas que presten el servicio de comedor», programarán los menús escolares «para periodos de cuatro semanas», y «la Consejería competente en materia de salud» podrá «evaluar» dichas programaciones.
El proyecto de decreto dedica también un artículo a detallar los recursos con los que deben contar los servicios de comedor, entre los que figuran «menús especiales» para «los supuestos en los que las condiciones de organización e instalaciones lo permitan», y dedicados a alumnos «con alergias o intolerancias alimentarias diagnosticadas por especialistas y que, mediante el correspondiente certificado médico, acrediten la imposibilidad de ingerir determinados alimentos que perjudican su salud».
El documento precisa que, «cuando las condiciones organizativas, o las instalaciones y los locales de cocina no permitan cumplir las garantías exigidas para la elaboración de los menús especiales, o el coste adicional de dichas elaboraciones resulte inasumible, se facilitará al alumnado los medios de refrigeración y calentamiento adecuados, de uso exclusivo para estas comidas, para que pueda conservarse y consumirse el menú especial proporcionado por la familia».
FOMENTAR QUE LOS COLEGIOS CUENTEN CON COCINA EN SUS INSTALACIONES
«Los comedores escolares deben ser lugares confortables y adecuados para llevar a cabo una alimentación saludable», indica también la normativa en elaboración, que además contempla que «se fomentará que los centros docentes que oferten el servicio de comedor escolar cuenten con cocina en el propio centro», y «en el caso de centros que ya han sido construidos sin ellas, se debe fomentar su construcción o la adaptación de un espacio para esta finalidad».
Asimismo, «la modalidad de elección del servicio de comedor será la de cocina ‘in situ’, salvo en los casos debidamente justificados en los que las circunstancias económicas u organizativas no lo permitan, en los que se podrá optar por la modalidad de cocina transportada en línea fría».
Asimismo, la Junta quiere con este decreto que los centros docentes, «directamente o a través de las empresas que presten el servicio de comedor», proporcionen «a las personas menores de edad y sus familias, personas tutoras o responsables de todas las personas comensales (…) la programación, al menos mensual, de los menús, especificando claramente los alimentos que componen mayoritariamente cada plato o postre y el proceso culinario al que se someten».
CONTRA LA VENTA EN COLEGIOS DE ALIMENTOS CON DEMASIADA SAL O AZÚCAR
Por otro lado, en el proyecto de decreto se puede leer la prohibición de «la venta en los centros docentes de Andalucía de alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares», así como que «se evitarán las bebidas con bajo valor nutritivo y de alto valor energético entre las personas menores de edad».
La normativa que prepara la Consejería de Salud también prevé que «en las celebraciones organizadas en los centros de educación infantil, educación primaria y educación especial» –como cumpleaños de alumnos o fiestas de fin de curso– «no se podrá ofrecer ningún tipo de alimento o bebida que no cumpla con los criterios para la oferta alimentaria presente en máquinas expendedoras, cantinas y quioscos de este decreto».
Entre dichos criterios figuran que los productos tengan «un valor energético inferior a 200 kilocalorías», así como que las kilocalorías procedentes de grasas saturadas representen como máximo el 10% del total, y que los productos contengan «un máximo de 0,5 gramos de sal» y no cuenten con «edulcorantes artificiales» ni cafeína.
De igual modo, «los centros incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto deberán establecer medidas encaminadas a limitar el desperdicio alimentario», según el texto sometido a información pública, que también pretende que se fomente «el consumo gratuito de agua potable» en los centros escolares y de formación profesional para el empleo «como primera medida de hidratación, así como la reducción de la ingesta de bebidas refrescantes hipercalóricas y energizantes».
Por otro lado, «en todos los centros y dependencias regulados en este decreto se favorecerá la lactancia materna y la creación de espacios confortables reservados para ese fin», según contempla también este proyecto, que recoge igualmente un apartado dedicado a la contratación para la adquisición de alimentos o bebidas o para la adjudicación de los servicios de comedor, restauración o máquinas expendedoras en los centros objeto de esta normativa, en el que se contempla que «los pliegos de prescripciones técnicas incluirán requisitos para garantizar una alimentación saludable y sostenible» que «serán objeto de especial adjudicación del contrato».
Por último, la Junta incluye en este proyecto de decreto la creación de una «Comisión conjunta para el fomento de la alimentación saludable y sostenible y la prevención y lucha contra la obesidad», para el seguimiento de los aspectos regulados» en esta norma, con representación de la Administración autonómica, corporaciones locales, asociaciones de padres y de consumidores, así como un régimen sancionador a aplicar ante el «incumplimiento de las obligaciones contempladas» en el decreto.
