La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha apuntado este jueves en el Consejo Consultivo de Política Agrícola de Asuntos Comunitarios la necesidad de apostar por «medidas que den realmente liquidez al sector pesquero y ayuden a afrontar los elevados costes que está sufriendo», especialmente en lo referente al combustible, la energía y los suministros.
Crespo ha explicado que el sistema elegido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el reparto de las ayudas «no tiene en cuenta la estructura de la flota pesquera andaluza, que cuenta con un 60 por ciento que es artesanal».
En este sentido, ha detallado que la Unión Europea (UE) da margen a los estados miembros para que arbitren ayudas directas de hasta 65.000 euros por barco, mientras que el Gobierno de España solo ha destinado 35.000 euros «a pesar de que es el país con mayor flota pesquera de toda la UE».
La Junta ha resaltado que a ello se suma que las ayudas directas se reparten por barco en función de su tamaño y volumen (GT), «quedando reducida» la ayuda que reciben a 1.550 euros por embarcación de menos de 25 GT, «la menor» cuantía de las contempladas por el Ministerio. Ya que el 60 por ciento de la flota pesquera andaluza es artesanal, la consejera ha reclamado que «se tenga en cuenta la estructura de la flota de nuestra comunidad autónoma», por lo que considera «insuficientes» las ayudas estipuladas.
Crespo ha defendido ante el Gobierno una «postura consensuada previamente» al Consejo Cultivo en una reunión con los representantes de las organizaciones pesqueras.
El encuentro telemático ha contado con el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández; el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart; el presidente de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema), Antonio Concepción; la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes), María Ángeles Cayuela; y el presidente de la Asociación de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), José Ramón Muriel.
0,60 CÉNTIMOS EL LITRO
Andalucía también ha demandado en el Consejo Consultivo que se establezca un tope de precio de 0,60 euros por litro de gasóleo para el sector pesquero, puesto que por encima «no resulta rentable», según la Junta. Al respecto, Crespo ha explicado que «los 20 céntimos de rebaja aprobados por el estado no son la solución».
Por otra parte, la consejera ha pedido una bonificación a la Seguridad Social, y no el aplazamiento a tres meses aprobado por el Ministerio, además de lamentar que, como ha asegurado, «están cobrando intereses del 0,5 por ciento a un sector que se encuentra ya muy endeudado y al que no le dan ni siquiera la posibilidad de llevar a cabo un aplazamiento si ya tienen solicitado uno previamente».
Respecto a las tasas portuarias, Andalucía ha pedido al Ministerio que no se limiten «exclusivamente» a la descarga de pesca fresca y tengan en cuenta, «como hace el gobierno andaluz», a todos los operadores de sus puertos, desde las tasas por descarga de embarcaciones a las referentes a los cuartos de armadores.
Además, Crespo ha solicitado la puesta en marcha de ayudas para tripulantes, almadrabas y empresas auxiliares, que son, a su juicio, «imprescindibles para la actividad del sector pesquero». La consejera ha lamentado, asimismo, que «dejan fueran también a las empresas acuícolas».
La Junta ha señalado que el sector «viene sufriendo años de recortes» en sus posibilidades pesqueras y, como ha subrayado la consejera, «no reciben el apoyo que se merece por parte del Ejecutivo central». Por parte de la Consejería, ha dicho, «por el contrario, lo tenemos claro, la pesca es una actividad estratégica, esencial e imprescindible para la economía y el empleo en Andalucía», como ha especificado Crespo. Y es que, como ha remarcado, «de ella dependen 20.000 familias de la comunidad».
La posición de Andalucía en el Consejo Consultivo «ha sido muy clara», según la Junta. «Sostenemos que hay que poner encima de la mesa todas las posibilidades para ayudar a nuestro sector primario a salir adelante, a hacer frente a la situación excepcional que está viviendo y contribuir a que no pierdan competitividad», ha recalcado Crespo. Para la consejera, «es crucial darles liquidez, arroparlos y defender sus intereses».
BAJAR IMPUESTOS PARA DAR «OXÍGENO» AL AGRO
En otro orden de cosas, Crespo ha aludido a la «necesidad» de una bajada de impuestos que dé «oxígeno» al sector agrario ante la desorbitada subida de costes de producción. La titular del ramo ha trasladado la posición consensuada previamente con las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG y UPA, y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, reclamando como una prioridad que el Gobierno destine más fondos del Next Generation al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Crespo ha concluido que la bajada de 20 céntimos en los carburantes es insuficiente y ha reclamado al Ministerio, entre las principales demandas de Andalucía, una bajada fiscal a través de una desgravación especial de la energía, el gasóleo, los piensos, los fertilizantes y los plásticos para el sector agrario. De esta forma, se persigue que los agricultores y los ganaderos compensen parte de una subida generalizada de los costes que pone en «serio riesgo» la rentabilidad de una actividad que en el caso de la comunidad andaluza supone el 11 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y el 10 por ciento del empleo.
El Gobierno andaluz tiene claro que «no es el momento de establecer más cargas que limitan» a un sector que ha sido un ejemplo durante la pandemia y que en comunidades como Andalucía es uno de los ejes sobre los que pivota la economía.
La consejera ha agradecido que se pongan en marcha ayudas «absolutamente imprescindibles» para la subsistencia de agricultores y ganaderos, pero ha exigido un reparto «justo y equitativo», es decir, una distribución del fondo de crisis (193 millones de euros), similar al que ha hecho la Unión Europea con los Estados miembros, lo que supone que a Andalucía llegue un 29,5 por ciento del presupuesto. «No se trata solo de paliar los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, sino de dar una respuesta a la crisis por una subida desorbitada de los costes de producción y por la sequía que castiga de forma especial a Andalucía», ha dicho.
En este mismo sentido, Crespo ha expuesto la preocupación del sector de la leche. «El sistema fijado por el Gobierno para el reparto de 160 millones de euros en ayudas nos perjudica al no tener en cuenta el modelo productivo de leche de Andalucía. El reparto que hace el Ministerio, sin previa negociación, penalizará en 3.900 euros de media a las explotaciones de leche de vacuno y en 1.000 euros a las de caprino de leche», ha explicado.
Desde Andalucía, por último, se insiste en la conveniencia de recuperar la doble tarifa eléctrica para regadíos, como se acordase en 2018, al tiempo que se insiste en proteger la soberanía alimentaria a través del concepto de preferencia comunitaria y la aplicación de las cláusulas espejo para evitar la competencia desleal de terceros países.
