El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, ha sacado a licitación, por un importe de 45.045 euros –que asciende a 54.504,45 euros con IVA–, la contratación de un proyecto para digitalizar documentación textual y gráfica del Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica en Andalucía.
En concreto, según se recoge en la memoria justificativa para la contratación de este servicio, consultada por Europa Press, la finalidad de esta iniciativa «tiene como objeto la digitalización de documentación textual y gráfica del Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica de Andalucía en el Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales de Andalucía (Mosaico) y en el Repositorio de Activos Digitales del IAPH» (ReA).
La Junta enmarca este proyecto entre los objetivos del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia, vinculado a los Fondos ‘Next Generation EU’, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de abril, y en él se apoya para plantear la tramitación «urgente» de esta contratación.
Así, la memoria justificativa expone que «el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, prevé la posible la aplicación de dicho régimen a los procedimientos de licitación de contratos con cargo a estos fondos, señalando en su preámbulo que ‘se dispone que a todos los contratos financiados con los Fondos percibidos por el Reino de España en el marco del plan de recuperación les sea de aplicación el régimen excepcional de tramitación urgente, con la consiguiente reducción de plazos y agilización del procedimiento'».
Esta posibilidad, según abundan desde el IAPH, «se concreta en el propio Real Decreto-ley, al señalar que corresponde a los órganos de contratación examinar si la situación de urgencia impide la tramitación ordinaria de los procedimientos de licitación, procediendo aplicar la tramitación urgente prevista en la Ley de Contratos del Sector Público».
En este sentido, desde la Junta «se considera que la efectiva contribución de la realización del objeto de la presente contratación a la finalidad establecida por la normativa reguladora de dichos fondos de acelerar la recuperación económica tras la crisis ocasionada por la pandemia del SARS-COV-2, y de lograr el impacto perseguido desde el punto de vista macroeconómico y estructural, exige la tramitación urgente del expediente en los términos establecidos en el artículo 50 del citado Real Decreto-ley».
PATRIMONIO «AMPLIO Y DIVERSO» DE LA IGLESIA
El Centro de Documentación y Estudios del IAPH tiene entre sus objetivos «el desarrollo de diferentes acciones que contribuyan a conocer, promover, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural de Andalucía», según pone de relieve la citada memoria justificativa, que defiende que «el patrimonio de la Iglesia Católica es amplio y diverso, y muy valorado por la sociedad en general».
Desde la Junta explican que el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica se inició en Andalucía en la Diócesis de Granada en 1989, sumándose el resto de diócesis en los siguientes años, y hasta 2009 se fueron realizando distintas campañas de inventario por los diferentes equipos en las diez diócesis andaluzas.
Fruto de ello fue la documentación de más de 60.000 bienes muebles, según detalla el citado instituto adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que especifica que, entre 1989 y 1993, la información gráfica del Inventario se entregaba en formato analógico, quedando aún 16.000 imágenes sin digitalizar.
En 2009 se puso en producción, a nivel interno de la Administración, el sistema ‘Mosaico’. En esos momentos, según aclara la memoria justificativa del IAPH, estaban en marcha inventarios en siete diócesis, cuya información, tanto textual como gráfica, «no pudo migrarse a dicho sistema», y ahora «se pretende digitalizar de cara a su difusión y a facilitar el acceso a dicha información por parte de toda la ciudadanía».
Así, con la contratación propuesta «se pretenden acometer las actuaciones que deberán realizarse para la digitalización de la información textual y gráfica del Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica en ‘Mosaico’ y en el ReA».
Se tratará de la grabación de datos en ambas aplicaciones, así como del escaneado de documentación gráfica, tanto negativos como diapositivas necesarias para completar dicha digitalización.
Para llevar a cabo estas actuaciones, según concreta la Junta, se necesita la contratación de una serie de servicios prestados por equipos profesionales con formación académica en las disciplinas de Historia del Arte, Historia, Humanidades y Documentación, así como «formación y experiencia en sistemas de información, inventario y catalogación de patrimonio cultural, y escaneado y metadatación de documentación gráfica».
MÁS DE 4.000 BIENES MUEBLES
Las «labores» o «tareas» que deberán ser desarrolladas por la persona contratista del trabajo incluyen la «grabación de 4.086 nuevos bienes muebles en el Sistema de Gestión e Información de los Bienes Culturales de Andalucía (Mosaico)», y de la información de 4.086 imágenes en el ReA, «incluyendo metadatación y subida a dicho repositorio».
También, el escaneado de 10.379 imágenes –negativos y diapositivas–, entrega de dichas imágenes en formato TIF y JPG –una carpeta por cada formato y nombradas con el código de identificación del bien en el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia Católica–, y grabación de su información en el ReA, incluyendo metadatación y subida a dicho repositorio, así como, finalmente, una redacción de informe sobre las incidencias encontradas, «si las hubiere», en las distintas fases de trabajo e informe final.
La realización de las actuaciones «podrán realizarse fuera de las dependencias del IAPH cuando no se requiera la presencialidad», según precisa la memoria justificativa, que precisa, no obstante, que «la persona adjudicataria deberá personarse en la sede del IAPH cuando deba asistir a las reuniones indicadas por la dirección de los trabajos, o cuando la ejecución del servicio requiera la realización de actividades ‘in situ’ en el lugar de depósito de los documentos a tratar».
El plazo total de ejecución de este concreto asciende a seis meses, sin que se contemple posibilidad de prórroga.
