La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha participado en la clausura de la Asamblea de la Lonja de Cereales y Oleaginosas de Sevilla, donde ha subrayado que, «en estos tiempos, la Política Agraria Común (PAC) se tiene que convertir en una renta veraz sin ninguna traba» y ha rechazado que los ecorregímenes sean «un coste de producción adicional».
Al respecto, ha comentado que su departamento está trabajando con las Organizaciones Profesionales Agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en la redacción de unas alegaciones al Plan Estratégico de la PAC (Pepac) que se presentarán antes del 1 de marzo para propiciar un cambio que, entre otras cuestiones, permitan que «la campiña sevillana esté contemplada como se merece por justicia».
Junto a Carmen Crespo, según nota de prensa, también han asistido al acto de clausura los presidentes de la Lonja de Cereales y Oleaginosas, Filomeno de Aspe; de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios; y de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla, Francisco Herrero. Por parte de la Administración andaluza, han estado presentes la secretaria general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Consolación Vera; el director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez; y la delegada territorial de Agricultura en Sevilla, Isabel Solís Benjumea.
En su discurso, la consejera ha mostrado su desacuerdo con que la aplicación de la nueva PAC «hayan dividido a España en zonas con diferencias en sus ayudas» y que la campiña de Sevilla se encuentre, precisamente, en un área con subvenciones «de menor cantidad». Por esta razón, los agricultores de esta comarca sevillana pasan de una media de 260 euros en hectáreas que venían percibiendo en ayudas desacopladas de olivar y cereal a solo 180 euros en hectáreas de promedio en 2023.
Este año ha entrado en vigor una PAC que «conlleva pérdidas de más de 500 millones de euros en Andalucía y que, en el caso de la campiña sevillana, supone un recorte de las ayudas de un 25 por ciento (40 millones de euros)». Al respecto, ha recordado que las alegaciones de la Junta, en consenso con los representantes del sector, han logrado rebajar las pérdidas inicialmente previstas (1.500 millones) y ha afirmado que Andalucía «no se deja vencer y vamos a seguir adelante» presentando de nuevo, de forma conjunta con la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, las alegaciones al Pepac.
MEDIDAS DE LA JUNTA
La consejera ha resaltado la apuesta de la Junta por la flexibilización de los ecorregímenes de la PAC, recordando que el Gobierno andaluz ha aprobado ya medidas en este sentido y pide al Estado otras cuestiones que son de su competencia. Por ejemplo, pide que en el cereal se suprima la exigencia de un cinco por ciento de leguminosas en la rotación de cultivos para poder cobrar las ayudas; y que en las fincas de olivar no sea necesario contar con cubiertas vegetales y se exima completamente del pastoreo.
Además, desde Andalucía se reclama la recuperación de la ayuda asociada para el girasol, «fundamental para seguir creciendo»; y la equiparación de la ayudas asociada de la remolacha en el sur y el norte de España.
Por otro lado, Crespo ha anunciado que el Gobierno andaluz también solicitará al Ministerio de Agricultura que «no se sancione ni se retraigan pagos a ningún agricultor por la aplicación de los ecorregímenes en este primer año» al considerarlo «injusto».
En el caso de las ayudas agroambientales, ha anunciado que en el primer trimestre de este año se abrirá una nueva convocatoria con «novedades importantes para una mejor articulación, como demandan las organizaciones agrarias y cooperativas, y para mantener el peso financiero». «Es nuestra fórmula para amortiguar la situación que está sufriendo actualmente el sector», ha aseverado.
1.227 MILLONES DE EUROS EN SEIS MESES
En su intervención, ha puesto en valor la capacidad que ha demostrado el sector agroalimentario de adaptarse a las circunstancias, recalcando que «las Administraciones Públicas tenemos que velar por que las normativas que se planteen sean posibilistas y no vengan a restar oportunidades».
«Adaptarnos pero con sentido común», ha recalcado, recordando que la Junta, por su parte, viene prestando un importante respaldo a los sectores productivos andaluces afectado por la inflación, el alza de los costes y la tensión geopolítica derivada de la guerra de Ucrania que se plasma, entre otras medidas, en la movilización de más de 1.227 millones de euros en ayudas en solo seis meses de legislatura.
La consejera ha apuntado que Andalucía es «el granero de España y de Europa» al ser la primera comunidad en producción de trigo duro (65% del total nacional) y concentrar el 40 por ciento de la superficie de arroz de España y más del 15 por ciento de europea.
Crespo ha afirmado que, por tanto, el andaluz es un sector «al que hay que escuchar a nivel nacional y europeo» y ha aplaudido que los agricultores de Andalucía hayan «aprovechado la oportunidad» que suponía la puesta en producción de la superficie que la PAC reservaba, en principio, para barbecho.
Al respecto, ha detallado que el 53 por ciento de las 66.000 hectáreas andaluzas que se contemplaban para barbecho se han puesto en producción (18.800 hectáreas en la provincia de Sevilla) y ha apuntado que se ha solicitado la prórroga de esta posibilidad para 2023.
Sobre la Lonja de Cereales, Carmen Crespo ha resaltado la labor que desempeña en el «análisis de los precios y de la evolución de los mercados de sectores tan relevantes para la sociedad sevillana, andaluza y española». «El agroalimentario es un sector económico que debe tener rentabilidad y para ello es fundamental que entidades financieras se especialicen en él», ha comentado en relación a Caja Rural del Sur. Además, ha agradecido a la Cámara de Comercio que siempre esté «analizando la situación del agro de Andalucía, hacia dónde vamos y qué podemos aportar entre todos».
POLÍTICA DE AGUA
En cuanto a medidas del ámbito hídrico, Crespo ha apostado por la adaptación de la comunidad a una situación de sequía que se ha hecho «estructural» sacando adelante «medidas que permitan actuaciones interesantes en el Guadalquivir» como el aprovechamiento de los 20 hectómetro cubicos de aguas regeneradas que se contemplan en esta cuenca pero que actualmente cuentan únicamente con autorizaciones «en precario» para las comunidades de regantes de Córdoba, Sevilla y Jaén.
Al hilo de esta cuestión, ha reiterado el ofrecimiento de la Junta de ejecutar los tratamientos terciarios necesarios en las depuradoras de estas zonas, «aunque no sea su competencia», cuando se otorguen las concesiones definitivas a los agricultores.
Por otro lado, ha anunciado que el Gobierno andaluz contempla la posibilidad de incluir incentivos para la construcción de balsas en las ayudas a la modernización del riego, «una demanda de los regantes de esta zona»; y ha recordado que la Junta ha lanzado una convocatoria de subvenciones para impulsar la eficiencia energética, dotada con 11,5 millones de euros, de la que se beneficiarán 18 comunidades de regantes que reúnen a 10.000 agricultores y 24,4 hectáreas de cultivos. «De esta forma, se podría lograr un ahorro energético de 12 millones de kilovatios al año y se bajaría la factura de la luz a estas comunidades de regantes en un 20-30%», ha concretado.
Crespo ha recalcado que es importante seguir avanzando en modernización del regadío y ha solicitado que en España se destinen a esta finalidad fondos Next Generation. Para ella, «nuestro país no va a tener esa posibilidad económica en otro momento», por lo que ha reclamado que «no se dejen pasar estos fondos sin dar posibilidades al arroz y tener oportunidad en esta tierra de modernizar el regadío para tener una aportación de agua más eficiente».
