El Pleno del Congreso debatirá y votará el próximo jueves la Ley de Vivienda, lo que supone el último trámite de la norma en la Cámara Baja antes de pasar al Senado con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
Tras llevar el proyecto de ley más de un año bloqueado en el Congreso, el Gobierno ha decidido apretar el acelerador en la última semana en vísperas de las elecciones, algo que ha provocado el enfado de algunas formaciones como Vox o Ciudadanos, que han acusado a PSOE y Unidas Podemos de aplicar el «rodillo parlamentario».
Así, la última semana el texto se aprobó en Ponencia a puerta cerrada el martes y en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el jueves, esta última reunión ya en sesión pública.
La intención del Gobierno es que en la Cámara Alta se aceleren los trabajos con idea de que se apruebe en el primer Pleno de mayo para que la nueva ley esté en vigor antes incluso de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del 28M.
ACUERDOS CON ERC Y BILDU PARA APROBAR LA LEY
La ley pasó el filtro de la comisión con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC) y Bildu y el voto en contra de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria.
Para contar con el apoyo de las formaciones independentistas, el Gobierno cerró varios acuerdos en materia de tope a la subida de alquileres, desahucios a personas en una situación económica vulnerable y la ampliación de zonas tensionadas. El proyecto cuenta también con el aval de Más País y Compromís, de modo que la votación final estimada ya contaría con una mayoría absoluta de 175 ‘síes’.
Falta por saber que hará finalmente el PNV, que tras ser muy crítico con la norma por, supuestamente, invadir competencias que le pertenecen a las comunidades autónomas, decidió abstenerse en comisión con el objetivo de negociar nuevas enmiendas relacionadas con la regulación de los pisos turísticos. El PSOE dijo que estaba dispuesto a negociar algunas enmiendas adicionales relativas a la regulación de este tipo de pisos.
INVASIÓN COMPETENCIAL Y ‘OKUPACIÓN’, LAS PRINCIPALES CRÍTICAS
Precisamente, de la invasión del Estado en las competencias de las comunidades autónomas vienen las críticas de formaciones como el PDeCAT, Junts o Coalición Canaria.
«Para nosotros, esto claramente es una ley genera invasión competencial», advirtió en comisión el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel. Para ilustrarlo mejor, Bel puso de ejemplo las definiciones que establece la ley en materia de vivienda protegida o de zona tensionada, que quedarán predeterminados a nivel estatal y no podrán modificar las comunidades autónomas.
La diputada y portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, también cargó contra la materia competencial y llegó a decir que con esta ley se está «legalizando» la ‘okupación’, al introducir nuevas trabas en desahucios a personas con una situación económica vulnerable.
Sobre este último punto también advirtieron PP, Ciudadanos y Vox, grupos que consideran que la ley asume de facto el fenómeno de la ‘okupación’ deja indefensos a los propietarios.
EL GOBIERNO, ERC Y BILDU DESDEÑAN LAS CRÍTICAS
Frente a todas estas críticas se sitúan PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu, ya que consideran que la ley aborda la vivienda como un derecho y cumple con la Constitución.
Así se pronunció la portavoz de vivienda de Unidas Podemos, Pilar Garrido, quien fue taxativa: «La ley cumple la Constitución». Además, apostilló que la norma implica «un cambio de paradigma» en la vivienda porque se aborda como un derecho y se basa en una política pública y no económica.
El diputado del PSOE, Vicent Manuel Sarrià, subrayí que se trata de la primera ley por el derecho a la vivienda en democracia, y aseguró que esta cumplirá con el mandato constitucional y dará «cobertura y seguridad jurídica».
Por parte de EH Bildu, Oskar Matute desechó que la ley suponga una invasión competencial y reconoció que la normativa tal vez no guste a todo el mundo, sobre todo a «los fondos de inversión». Eso sí, apuntó que tampoco era el propósito de su formación encontrar el beneplácito de estos fondos.
Sobre las críticas a la supuesta invasión competencial se refirió también la portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Pilar Vallugera, quien defendió los criterios autonomistas, pero advirtió que estos perduran «hasta que se produce un problema» y el Estado decide intervenir.
