La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha puesto en valor hoy ante la Comisión del Parlamento de Andalucía los trabajos de la Junta en la prevención de incendios forestales, destacando en particular la labor de la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA). Según García, esta red ha llevado a cabo en los últimos años trabajos de mantenimiento y conservación en cerca de 43.000 hectáreas de montes públicos distribuidos por las ocho provincias andaluzas.
Con una inversión de 5 millones de euros, las acciones impulsadas por la RAPCA han logrado reducir el riesgo de incendios en un 80%, además de disminuir de manera considerable los costes asociados a la selvicultura preventiva. García ha subrayado que este proyecto no solo refuerza la seguridad de los montes andaluces, sino que también promueve la actividad económica en el ámbito rural mediante el uso de razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción, involucrando a más de 100.000 cabezas de ganado en estas labores de conservación.
Dan por concluido el periodo de alto riesgo de incendios en Andalucía
Iniciativas de conservación medioambiental
Durante su intervención, la consejera ha resaltado las diversas iniciativas que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente está llevando a cabo para la conservación del patrimonio natural andaluz y su biodiversidad. En este sentido, mencionó la Adecuación del Plan Forestal Andaluz con horizonte 2030 y la nueva Ley de Montes de Andalucía, que actualmente se encuentra en proceso de tramitación administrativa tras su paso por el Consejo de Gobierno: «Ambos instrumentos serán clave para la protección y conservación de los recursos naturales de Andalucía», afirmó García.
La futura Ley de Montes incluirá, entre otros aspectos, una actualización del Catálogo de Montes Públicos, un registro dinámico que recoge cerca de 1.500 montes de titularidad pública, de los cuales el 44% pertenece a la Comunidad Autónoma. Este catálogo, según García, se convertirá en una herramienta fundamental para la defensa jurídica y la gestión integral de los montes, asegurando su integridad tanto física como jurídica.
