La Sala de ‘Astapa’ prevé la lectura del fallo de la sentencia el 8 de noviembre. El Tribunal que ha enjuiciado el caso ‘Astapa’, contra la supuesta corrupción política y urbanística en Estepona (Málaga) ha previsto hacer pública la sentencia el día 8 de noviembre a través de la lectura del fallo ese día a las 10.00 horas.
Así lo ha comunicado este lunes el magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga Andrés Rodero en la sesión de la vista oral en la que los acusados han ejercido su derecho a la última palabra o han renunciado a ello, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.
El magistrado ha lamentado no poder dictar antes la sentencia de este procedimiento ni tampoco poder adelantar en el tiempo las posibles absoluciones; al tiempo que ha apuntado que después de «tantísimos» años, «con independencia de la condena o la absolución, es evidente que se produce un sufrimiento».
Este caso se inició en 2007 y 17 años después comenzó el juicio con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, exresponsables municipales entonces del PSOE y del Partido de Estepona (PES); así como empresarios y funcionarios. Se han investigado delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación.
La vista oral comenzó el 9 de enero de 2023 con el trámite de cuestiones previas, tras lo que la Sala anuló las escuchas telefónicas. El juicio ha estado dividido en diez bloques en los que se han analizado cuestiones como supuestas irregularidades en convenios urbanísticos, financiación ilegal de partidos o el enriquecimiento presuntamente ilícito de acusados.
Al final son 37 las personas que permanecen acusadas en este procedimiento y sobre las que tendrá que decidir la Sala, tras sobreseerse la causa para dos procesados y después de que la Fiscalía haya retirado la acusación para nueve personas.
La Sala de ‘Astapa’ prevé la lectura del fallo de la sentencia el 8 de noviembre
De estos 37, la mayoría ha renunciado a ejercer su derecho a la última palabra y sólo han agradecido a la Sala su trato y cómo ha gestionado la celebración de este juicio. Sí han ejercido este derecho una decena de acusados, incluido Barrientos.
En este sentido, el exalcalde ha dicho haber podido «resistir» este «duro» y «largo» proceso por varios motivos, «en primer lugar por mi convicción de que siempre actué en defensa de lo público» y también por el apoyo de su familia, especialmente de su mujer, «ya que sin su apoyo probablemente no estaría aquí».
En relación con la pena de banquillo y el perjuicio causado, ha recalcado que «han sido 16 años muy duros, muy largos». «Creo que en mi caso, con el cargo que desempeñaba, esto se multiplica de forma exponencial, ya que quien ha acaparado el caso ‘Astapa’ en los medios de comunicación ha sido Antonio Barrientos y 30 imputados más», ha apuntado.
Ha manifestado su «confianza plena y absoluta» en la Sala y ha asegurado que le resulta «reconfortante, sin perjuicio de la sentencia que en conciencia dicten, tener la convicción de que los argumentos esgrimidos por mi defensa serán tenidos en cuenta por este Tribunal», al que ha agradecido «cómo ha gestionado este procedimiento y el trato dispensado».
En declaraciones a los periodistas a la salida de los juzgados, Barrientos ha esperado que «se haga justicia» y ha dicho sentirse «muy satisfecho de que haya terminado ya este auténtico calvario por el que hemos pasado; 16 años que no se los deseo a nadie», reiterando que fue «un alcalde honesto, decente, íntegro y que siempre actuó en defensa de lo público».
Otros acusados también han hablado del daño «muy grande» que han sufrido a causa de su imputación «injusta» en este caso; un perjuicio empresarial, profesional, reputacional, de imagen, pero, también, personal y familiar. «Nunca fui la misma», ha dicho una de las procesadas recordando el momento en el que se le comunicó que había sido acusada.
También, al igual que Barrientos, han lamentado todo el tiempo que ha pasado desde la imputación hasta ahora y han agradecido a la Sala su trato, su consideración durante la celebración de la vista oral, al tiempo que han dicho confiar en la justicia que ejercerá este Tribunal.
La complejidad de esta causa ha hecho que las sesiones del juicio se prolonguen durante un año y medio. A finales de mayo, terminó la fase de prueba y en junio comenzó la de conclusiones definitivas y exposición de informes finales de la Fiscalía, que ha mantenido la acusación para 37 procesados; y de defensas, que han pedido la absolución de los procesados. Este trámite se ha prolongado todo el mes de julio.
En su escrito de conclusiones definitivas, el fiscal rebajó de forma considerable todas las penas solicitadas inicialmente para los procesados, que no pasan de los dos años y medios de cárcel, al considerar que concurre la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas y extraordinarias de forma muy cualificada.
El ministerio fiscal acusa a Barrientos por los delitos de falsedad, fraude y malversación; de cohecho y de prevaricación, pero de diez años y nueve meses de prisión que solicitaba para este se ha rebajado la petición a dos años de cárcel. Asimismo, de un millón de euros de multa se ha pasado a solicitar 40.000 euros.
Además, la acusación pública retiró toda petición de indemnización tras haberse apartado como acusación el Ayuntamiento de Estepona, que se ha reservado la posibilidad de ejercer acciones civiles en su caso, y por «no haber más perjudicados» en este caso. También pidió la absolución de nueve personas y la rebaja de las multas.
La Fiscalía Anticorrupción ha sostenido desde el inicio de esta causa, en la que se investiga el periodo 2003-2008, que los procesados que eran políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones «orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios» para «financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición» y también presuntamente para beneficio propio.
Así, ha venido manteniendo la supuesta existencia de «una ‘Caja B’ con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios», a través de donaciones o patrocinios de actividades, con el fin de «eludir controles»; y por supuestas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para «beneficiar a ciertos empresarios».
En su escrito definitivo mantuvo el relato inicial, aunque matizó respecto a determinados convenios que a lo largo del juicio «no se ha probado que en la negociación de tales acuerdos los responsables municipales de urbanismo antepusieran el interés de promotoras al del municipio» o que «no se ha demostrado que tuvieran causa ilícita» las aportaciones de algunas empresas para eventos deportivos o musicales.
Añadió que no se han probado determinados regalos o promesas económicas y precisó que al haberse anulado las escuchas telefónicas, tras estimarse las cuestiones previas de las defensas de los acusados, no se han podido acreditar en el juicio determinadas actuaciones y pagos inicialmente considerados irregulares a varios de los procesados.
También introdujo la acusación pública precisiones y correcciones en cuanto a la tramitación de expedientes en materia de disciplina urbanística entre 2003 y 2008, que si se hubiesen tramitado con normalidad el Ayuntamiento «habría podido recaudar por la vía de sanciones unos 43 millones de euros», pero debido a su caducidad y «la ausencia de actos de reactivación» habían prescrito.
Las defensas, por contra, han venido cuestionando la investigación, que han tachado de «irregular». En este sentido, las letradas del exalcalde han sostenido que la causa se inició «sin control» judicial y con «continuos» contactos antes de la denuncia entre los denunciantes y agentes, como el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo, a quien las defensas dan un papel prioritario en el origen de la investigación.
