El objetivo es que desarrolle su labor desde el mes de junio en los casos en que los conflictos judiciales familiares se enquisten
Un proyecto piloto diseñado por la Universidad de Málaga (UMA) y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía permitirá implantar un servicio de coordinación parental en los juzgados de
El objetivo es que la figura del coordinador parental intervenga en los casos en que los conflictos judiciales familiares se enquisten. En un principio se formarán tres equipos compuestos por dos personas cada uno –con formación regulada en el ámbito académico–, a los que los jueces de familia de Málaga remitirán los casos con mayor conflictividad.
La coordinación de parentalidad es un novedoso proceso alternativo de resolución de disputas centrado en los menores, en virtud del cual un profesional de la salud mental o del ámbito jurídico con formación especializada, asiste a progenitores en situación de alta conflictividad.
El fin es, según ha informado la UMA, «ayudarles a resolver sus disputas, educándolos con respecto a las necesidades de sus hijos y, previo consentimiento de las partes y/o del juzgado, tomando decisiones en base a los términos y condiciones establecidos por la resolución judicial, o por el acuerdo de designación del coordinador parental».
En estos días se ha celebrado una reunión en la Ciudad de la Justicia de la capital, a la que asistieron, entre otros, las coordinadoras del proyecto por parte de la UMA –Mariela Checa, coordinadora del Servicio de Atención Psicológica, y Yolanda de Luchi, profesora de Derecho Procesal–, así como el director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta, Francisco Ontiveros, varios jueces y técnicos que conocieron el proyecto, entre otros.
En la reunión se explicó que esta nueva figura supondrá un instrumento de pacificación para las familias, ya que prestará asistencia a aquellos progenitores con alto nivel de conflicto relacional que han demostrado su incapacidad o falta de voluntad, a largo plazo, a la hora de tomar decisiones por sí mismos o con respecto a sus hijos, cumplir con los acuerdos y resoluciones judiciales sobre la parentalidad, reducir los conflictos relacionados con los menores y protegerles del impacto de dichos conflictos.
