A punto de cumplirse dos años desde que el Ayuntamiento de Málaga entregó 24 viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler con opción a compra a familias en situación o riesgo de exclusión social en la zona de Maqueda, los residentes denuncian la situación límite con la que conviven. Las viviendas fueron entregadas “sin terminar”, según explican y, desde el principio, con problemas estructurales y de servicios. Hoy, el temor de estos vecinos es el desalojo. Jessica Gil, una de las vecinas afectadas y madre de cuatro hijos, lo resume así: “Nos encontramos desde que entramos con problemas de instalaciones, humedades y averías que pagamos de nuestro bolsillo, y seguimos endeudados”.
En esta promoción de VPO, adjudicada en diciembre de 2022 para familias del comité FRES (Familias en Riesgo de Exclusión Social), los problemas comenzaron desde el primer día. Alejandra Ríos, integrante del Sindicato de Inquilinas de Málaga, denuncia que muchas familias debieron endeudarse para completar el mobiliario básico y poco después sufrieron daños en electrodomésticos debido a fallos en la red eléctrica. El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y el Ayuntamiento, afirma, “eran plenamente conscientes de la situación económica de estas familias al entregarles las llaves, pese a que muchas de ellas ya manifestaron entonces que no podrían afrontar la elevada renta establecida”.
Las soluciones propuestas desde el IMV son, según el Sindicato de Inquilinas, “inaceptables”. Entre ellas, destacan el pago del 20% de las deudas acumuladas y continuar con las cuotas mensuales que las familias ya han denunciado como insostenibles, o aceptar un cambio de vivienda. Sin embargo, Daniel Machuca, portavoz del sindicato, resalta que esta segunda opción es inviable para estas familias, que han invertido tiempo, esfuerzo y recursos en sus hogares.
“Han creado sus redes de vecindad y tienen arraigo en la zona de Maqueda”, recalca, señalando la necesidad de estabilidad y arraigo para estas familias vulnerables. “No podemos entender cómo la administración que debe mediar entre la propiedad y estas familias en riesgo de exclusión sea la misma que les plantea el desahucio como una opción”, afirma Machuca.
Alquiler social
Para los vecinos y el Sindicato de Inquilinas, la única alternativa justa sería establecer un alquiler social, adaptado a las capacidades económicas de cada familia. El problema de fondo, advierten, no se soluciona únicamente con construir nuevas viviendas sociales. Para ellos, se trata también de gestionar adecuadamente las VPO existentes, algo que, según los afectados no se está cumpliendo.
Jessica Gil, en representación de los vecinos, señala la incongruencia entre las condiciones iniciales prometidas y la realidad: “Ponen los pisos a precio de lujo y nada de lo que firmamos se asemeja a lo que vivimos, nos dijeron que estas casas serían accesibles y no lo son”. La vecina, que comparte su hogar con sus hijos, lamenta que el IMV esté ofreciendo como solución un cambio de vivienda: “Lo único que pedimos es un alquiler social. No podemos hacernos cargo de estas rentas; somos familias vulnerables, reconocidas por los servicios sociales”.
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Este sábado, los vecinos afectados y el Sindicato de Inquilinas estarán presentes en la manifestación por una ‘9N: Málaga para vivir’, donde buscarán visibilizar su situación y exigir un compromiso firme del Ayuntamiento para que ninguna de estas familias se vea obligada a abandonar su hogar.
