Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han comprometido este jueves en Bruselas a estudiar «nuevas formas» que permitan «evitar y contener la migración irregular» que buscar llegar a suelo comunitario, una fórmula que evoca la línea más dura de países como Italia, Polonia o Dinamarca de explorar «soluciones innovadoras» como la creación de centros de deportación fuera de la Unión o castigar a los países terceros que no cooperen en los retornos.
«La migración es un desafío europeo que requiere una respuesta europea. Debemos fortalecer la implementación de nuestro enfoque integral», ha escrito en redes sociales el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, para anunciar el acuerdo en la cumbre a 27.
Entre las claves, Michel ha señalado la necesidad de establecer alianzas con los países de origen y tránsito de la migración irregular, la lucha contra las mafias, un mayor control de la frontera exterior, potenciar las deportaciones y promover vías legales de entrada en la UE.
El texto de conclusiones finalmente adoptado por el Consejo Europeo recoge el compromiso de los líderes de «considerar nuevas formas para evitar y contener la migración irregular, en línea con el Derecho europeo e internacional» y afirman que retomarán el debate migratorio en una próxima cita, sin precisar calendario.
De este modo, los mandatarios atienden a la llamada de 14 de los socios que, en un documento de trabajo circulado en las últimas semanas, reclamaron explorar «soluciones innovadoras» para endurecer la política migratoria.
También toman nota de la carta que les envió días atrás la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldando la necesidad de debatir nuevas fórmulas para frenar los flujos irregulares y pidiendo «sacar lecciones» del modelo negociado por el Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni con Albania para trasladar a este país a migrantes rescatados en aguas italianas.
La jefa del Ejecutivo comunitario les invitó entonces a reflexionar sobre la creación de centros de deportación en países terceros para migrantes irregulares mientras se tramita su expulsión de la UE o con sanciones comerciales y restricciones de visados a los países que no acepten los retornos.
Además, los líderes han concedido a Polonia una referencia explícita al papel de Rusia y Bielorrusia en la «instrumentalización» de la migración y a cómo «no se puede permitir que abusen de los valores, incluido el derecho al asilo, y minen las democracias (de la UE)»; por lo que manifiestan el compromiso de enfrentar esa instrumentalización.
A este respecto, los líderes muestran su solidaridad con Polonia y otros países del bloque que sufran ataques híbridos lanzados por Minsk y Moscú con la llegada masiva de migrantes irregulares a la frontera y advierten de que las «situaciones excepcionales requieren medidas adecuadas».
El texto final de conclusiones de los 27 subraya también la «importancia de implementar la legislación europea adoptada y aplicar la legislación existente», una fórmula que sustituye las referencias explícitas que aparecía en el primer borrador y luego decayó a la necesidad de acelerar la aplicación del Pacto de Migración y Asilo como pide España.
En este punto, según han informado a Europa Press fuentes europeas, Polonia -que junto a Hungría votó en su día en contra del Pacto de Migración– ha presionado sin éxito para incluir una salvedad que señalara que la implementación de la reforma «no debería afectar al ejercicio de las responsabilidades» de los Estados miembro para mantener el orden y seguridad en su territorio.
Los líderes, además, piden a la Comisión Europea que presente «con carácter de urgencia» una nueva propuesta para revisar la directiva de retornos y piden medidas «a todos los niveles para facilitar, aumentar y acelerar» las deportaciones.
Centros de deportación
La iniciativa de abrir centros de deportación en países terceros distintos a los de origen o tránsito para trasladar a los migrantes llegados a la UE sin derecho a asilo es una de las claves que ha marcado el debate de los últimos días, aunque no ha llegado a quedar plasmado en la redacción de las conclusiones.
La jefa del Ejecutivo comunitario, no obstante, ha querido dejar claro al término de la cumbre que el asunto sí fue discutido ampliamente entre los líderes aunque no se mencione en el texto, si bien ha concedido que quedan «cuestiones abiertas» como por cuánto tiempo podrían permanecer los deportados o qué ocurriría con las personas cuya expulsión definitiva no fuera posible a su país de origen.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado al término del Consejo Europeo su rechazo categórico a los centros de deportación porque a su juicio esta medida «no ataja los problemas y crea otros nuevos».
El presidente francés, Emmanuel Macron, por su parte, ha declarado su escepticismo respecto a poder negociar con países tercero que «acepten quedarse con personas que no queremos acoger (en la UE)» cuando tampoco son aceptados por sus propios países de origen.
Mientras, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha defendido que son los países de la UE quienes deben «poder elegir» qué migrantes pueden entrar al territorio comunitario pero también ha puesto en duda a su llegada a la reunión que el modelo negociado entre Italia y Albania fuera «eficaz» para un país como Alemania.
Sobre la implementación del Pacto migratorio, al que tampoco se menciona explícitamente en el documento de líderes, Von der Leyen ha dicho que el bloque está preparado para «acelerar su implementación si es necesario», pero también ha advertido de que el Pacto se construyó «de manera muy equilibrada, con responsabilidad y solidaridad», por lo que si se acelera deberá quedar «absolutamente claro que se conserva ese equilibrio».
