Los 28 acusados de haber accedido al hotel del paraje del Algarrobico en Carboneras (Almería) en mayo de 2014 para realizar una pintada sobre la fachada del inmueble con un gran punto negro en el que se podía leer ‘Hotel ilegal’ han rechazado este viernes su participación en los hechos así como su acceso al interior del edificio, si bien han afirmado que acudieron a la playa para protestar contra la construcción.
Así lo han trasladado durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería, de la que se han excusado a siete de los acusados, y en la que la acusación particular ejercida por Azata del Sol ha mantenido su petición de un año de prisión para cada uno de ellos y de una multa de 24 meses a razón de seis euros al día por un presunto delito de daños. También pide una indemnización de 180.703 euros.
Salvo algunos empleados y extrabajadores del colectivo ecologista, el resto de ellos ha rechazado su vinculación con la organización y han trasladado que fueron a la playa, donde según sus apreciaciones, había entre «100 y 200 personas» que se manifestaban tanto a favor como en contra del hotel a partir de una convocatoria de la que tuvieron conocimiento, en su mayor parte, por «redes sociales» y «amistades».
Otros de los acusados han dado cuenta de situaciones particulares por las que fueron identificados, ya fuera porque estaban de paso «de vacaciones» cuando iban a bordo de una furgoneta o porque, según ha explicado uno de ellos, realizaba su labor como «periodista» para un medio de comunicación.
Los acusados han dicho que no vieron a personas «con monos» de trabajo en el interior del hotel en la mañana del 11 de mayo de 2014, mientras que otros han asegurado simplemente que no lo recordaban. En lo que sí han coincidido todos es en que fueron identificados por la Guardia Civil «en la playa» sin que se produjeran altercados.
La pareja de agentes de la Guardia Civil que acudió hasta el hotel tras tener conocimiento de que un grupo de personas había accedido al recinto y instructor del atestado han diferido en sus declaraciones en cuanto al número de personas que localizaron en el hotel, al apuntar distintas cifras de entre 20 y 150 personas.
UNA ACTUACIÓN «COORDINADA»
Aunque han coincidido en que los activistas habrían actuado «coordinados» ya que algunos de ellos contaban con un «trozo de papel» en el indicaban «qué parte debían pintar» con su acción, no han podido determinar qué acción desempeñó concretamente cada uno de los acusados. «Yo no puedo decir qué hizo cada uno de ellos», ha explicado uno de ellos.
«Su objetivo era hacer la pintada y hasta que no terminaron, no abandonaron el hotel», han trasladado a la hora de explicar que, en su labor, acordonaron la zona y trataron de identificar a los activistas. «Eran una gran cantidad de personas y nosotros solo somos dos», han añadido.
En su caso, el instructor de las diligencias ha apuntado que el dispositivo final, con unos «diez o 15 agentes», se habría encargado de identificar a los supuestos responsables «según iban saliendo» del hotel.
Los agentes han indicado que los encontraron en el interior del edificio vestidos con monos de trabajo y con pintura negra. «Éramos una patrulla de dos personas, no podíamos hacer gran cosa», ha admitido otro de los agentes, quien han explicado que aunque dieron órdenes para que se detuviera la actividad, los activistas no cesaron hasta que acabaron su pintada.
Las propias circunstancias en la que se produjo la acción habrían impedido determinar qué daños habría cometido cada uno de los identificados, más allá de asegurar que «pintaron todos». También han expresado sus dudas sobre si también se pudo identificar a personas que hubiera en la playa y no en el interior del hotel.
Del mismo modo, han dado cuenta de que a su llegada ya había personas en el interior del inmueble, la que se habría accedido tras forzar un candado que no fue encontrado. El mismo instructor ha reconocido que el hotel contaba con una seguridad «mínima» por entonces y ha admitido desconocer «cómo llegaron a entrar» al edificio.
En el juicio también ha dado su testimonio el responsable de mantenimiento del inmueble, quien se personó en el inmueble y accedió al interior donde vio a los activistas, incluido a uno de ellos con una pata de cabra quien habría intentado forzar una puerta sin éxito, según ha detallado.
Asimismo, ha rechazado saber qué hizo cada uno de los activistas en el momento en el que interpuso la denuncia por lo ocurrido, toda vez que ha incidido en los riesgos que se sufrieron ya que, en ese momento, el edificio tenía abiertos los «huecos de los ascensores». El trabajador ha explicado que debido a otros robos anteriores había dos vigilantes.
AZATA: «LO ÚNICO ILEGAL ALLÍ SON LAS PINTADAS»
La sesión ha contado también con la declaración del representante legal de Azata del Sol, José Domingo Rodríguez, representante legal de Azata del Sol, quien ha explicado que cuando se hizo la acción reivindicativa, la obra del hotel estaba «paralizada» por orden judicial aunque «prácticamente terminada, a falta de algún remate y en buenas condiciones», por lo que calcula que el edificio estaba «a dos meses» de abrir.
«Cuando entraron activistas de Greenpeace lo reventaron todo, incluso algún tabique, para llegar a donde ellos quería», ha mantenido antes de defender la «legalidad» del hotel que, según considera, sigue vigente al tener en vigor la licencia de obras. «Lo único que había ilegal allí son las pintadas y los activistas», ha apostillado.
La empresa propietaria del hotel afirma que tiene intención de arreglar los desperfectos que se produjeron hace diez años si bien a causa de «ciertas restricciones económicas» aún «no ha podido hacerlo».
El representante de la compañía ha manifestado que fue la propia empresa la que posteriormente mandó a su personal pintar la ‘i’ de ‘ilegal’ en la fachada del hotel, negando que dicha pintada junto con otras a favor del edificio se realizaran por parte de un grupo de espontáneos del pueblo de Carboneras tal y como, por su parte, ha apuntado el responsable de mantenimiento.
Así, ha insistido en el buen estado en el que se encontraba el edificio pese a los robos y la paralización judicial de las obras cuando ya contaba con «6.500 reservas a dos meses» de su apertura. «Un juez de la zona mandó pararlo para evitar, dijo, males mayores. No sé qué males mayores podría haber», se ha cuestionado.
UNA «RUINA ECONÓMICA»
Durante el juicio también se ha atendido el informe pericial aportado por la defensa a través de la declaración del arquitecto encargado de su redacción, quien ha trasladado a partir de la documentación que maneja que edificio supone una «ruina urbanística», pero también una «ruina económica» ya que precisaría, según su investigación, una inversión «superior al 50% del valor del edificio».
«No tiene sentido valorar desperfectos en una ruina», ha concluido tras la exposición de su informe, por el que ha determinado que la obra «no es un edificio completo» toda vez que ocupa parte del dominio público marítimo-terrestre, con lo que está en un terreno «no urbanizable» que, además, se asienta en espacio «protegido».
Asimismo, cree «del todo inaceptable» asegurar que al inmueble le restaban pocos meses para supuesta en uso al estar pendiente aún de las «obras finales» que son «los acabados más importantes», con lo que ha rebajado su nivel de ejecución a un 75% desde el 90% alegado por la empresa.
El arquitecto ha admitido no haber podido entrar en el edificio para completar su informe si bien ha apelado a su «experiencia» de 50 años en el oficio para asegurar que su visón es «acertada», pese a tratarse de un inmueble que «estructuralmente está fuerte».
El juicio, en que las partes han ratificado sus peticiones de condena y absolución, ha quedado visto para sentencia.
