Gestionaban el traslado de mujeres, aprovechando su situación económica muy precaria, con cargas familiares, desde países sudamericanos hasta Málaga para que ejercieran en su beneficio la prostitución. Cuando llegaban a España, las recogían y las alojaban en pisos que gestionaban. Así versa en el documento de calificaciones elaborado por el Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso 101 Televisión.
Los cabecillas de la organización criminal, dos hermanos y otras dos personas, una de ellas pareja de uno de los hermanos, organizaban el traslado de las víctimas a España. Ahora, cada uno de ellos se enfrenta a una pena de 128 años de prisión por delitos de integración en grupo criminal, trata de seres humanos, prostitución de mayores de edad y tráfico de drogas, según el escrito de calificaciones elaborado por el Ministerio Fiscal.
Los cabecillas de la organización y las “mamis” ofrecían trabajos a las víctimas como encargadas de pisos o de empleada en un centro de estética. Cuando llegaban a Málaga, les comunicaban que realmente iban a ejercer la prostitución, algo a lo que no podían negarse ya que carecían de familia, trabajo en ingresos para permanecer en España. Esta actividad la realizarían, al menos, desde 2021.
Al menos 19 víctimas
Tenían unas normas. “Reparto del 50% de los ingresos, debían estar disponible durante 24 horas para realizar los servicios, con sólo dos horas de descanso diario o la prohibición de descansar de viernes a domingo”, según recoge el documento de conclusiones elaborado por el Ministerio Fiscal. Además, “estaban sometidas al control mediante cámaras de grabación instaladas en las casas o la obligación de suministrar cocaína a los clientes que la pedían”.
Existían multas si las mujeres no ordenaban o limpiaban el piso, si tardaban más de cinco minutos en presentarse con los clientes e incluso si se encontraban con el periodo menstrual se les ponía trabas para su descanso. Se trata de, al menos, 19 víctimas, muchas de ellas testigos protegidos, que además, si sufrían agresiones físicas por parte de los clientes, se les presionaba para no denunciar y así ocultar a la policía la actividad que desempeñaban.
En las labores de control de las actividades de las víctimas era fundamental el trabajo de las “mamis”. En esta línea, un total de 12 mujeres se enfrentan, cada una de ellas, a 62 años de prisión por delitos de prostitución de mayores de edad y tráfico de drogas.
En los registros, autorizados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga, se intervinieron más de 120.000 euros en efectivo, tickets de datáfonos, diferentes drogas, agendas en las que se reflejaban los servicios prestados y los precios, así como teléfonos móviles, ordenadores y documentación relativa a las chicas, entre otras pertenencias.
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