Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf) de Andalucía, dependientes de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, realizaron durante 2022 un total de 4.641 autopsias, cuyos resultados determinaron que 2.144 fueron muertes violentas o por causas que no se han podido concretar. Entre las muertes no naturales, 830 fueron suicidios, el 38,7% de estas y un 17,8% de todos los fallecidos a los que se le hizo la autopsia en los Imlcf.
En una nota de prensa, la Junta ha informado que el 49,3% de los casos fueron muertes naturales (2.290). Si la principal causa de muerte natural está vinculada a enfermedades o patologías cardiovasculares, en el caso de las muertes violentas más de la mitad son accidentales (1.130 el año pasado), principalmente por caídas seguidas de los siniestros de tráfico.
No obstante, el número de suicidios va en aumento y en algunas provincias casi se han equiparado. El perfil de los suicidas es el de varones de mediana edad y el procedimiento más utilizado es el ahorcamiento. La cifra de homicidios es mucho menor: 73 casos en 2022, el 3,4% de las muertes violentas y el 1,5% de todas las autopsias realizadas.
Los Servicios de Patología Forense son los encargados de realizar las autopsias e investigar sobre las causas y circunstancias de la muerte en los casos de muertes violentas o en los que existan dudas sobre su etiología y, por tanto, sean sospechosas de tener un origen criminal.
Asimismo, los Imlcf cuentan con Servicios de Clínica Forense, donde se estudian todas las cuestiones de salud relacionadas con los hechos seguidos desde los órganos judiciales en la esfera Civil, Penal y Social. Se encargan de realizar informes periciales a petición de jueces y fiscales para valorar y determinar el daño corporal producido.
Por su parte, los Servicios de Psiquiatría Forense realizan informes psiquiátricos, la mayoría para decidir sobre el internamiento de una persona, su imputabilidad, la determinación de incapacidad o análisis de drogadicción.
Además, los médicos forenses acuden a juicios para declarar como peritos. En los últimos años cada vez son más citados los profesionales de Psiquiatría. Aunque las mayor parte del trabajo que realizan los Imlcf es a petición de jueces y fiscales, desde 2016 los andaluces pueden solicitar a éstos una pericial para la valoración de daños producidos en accidentes de tráfico en casos de reclamaciones
extrajudiciales.
Para ello, deben presentar una oferta motivada de su compañía
aseguradora y una solicitud, cuyo formulario está disponible en la web de la Consejería
‘https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedim…‘, donde se puede presentar telemáticamente con certificado electrónico. La misma debe incluir el consentimiento expreso de la persona perjudicada, o de sus familiares en caso de fallecimiento o incapacidad, para el acceso a su historia clínica.
COLABORACIÓN CON ESTUDIOS SANITARIOS Y SOBRE DROGAS
A ello hay que sumar la actividad investigadora que realizan los equipos de los Imlcf, principalmente con centros sanitarios con los que colaboran en estudios de patologías como el proyecto sobre cardiopatía genética en el que participa el equipo de Cádiz con el Hospital de Jerez, pero también análisis sobre los efectos de determinadas
sustancias para el Plan Nacional contra la Droga o la sumisión química en casos de abusos sexuales.
Además, los profesionales de estos centros forman parte de las
Comisiones coordinadoras contra la Violencia de Género en cada provincia. En materia de formación, además de organizar y participar en cursos, seminarios y máster universitarios, los médicos residentes que cursan especialidades como Anatomía Patologíca pasan por los Imlcf. En algunos casos, como en Córdoba, tiene convenios también con la Facultad de Medicina para que los estudiantes hagan prácticas e incluso con institutos de Formación Profesional.
REFUERZO DE LAS UNIDADES DE VALORACIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otro lado, dentro de estos organismos se encuentran las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg), que se encargan de informar a requerimiento de órganos judiciales y fiscalías con competencia en esta materia sobre la valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas, además de los efectos que sufren los menores a cargo de las mismas y la peligrosidad objetiva y riesgo de reincidencia del denunciado.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual las UVIVG, además de atender a las víctimas de violencia de género, también asisten a las mujeres víctimas de violencia sexual, lo que supone una mayor carga de trabajo.
Para hacer frente a ello, la Consejería ha reforzado el personal de estas unidades con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (más de un millón de euros anuales). En concreto, desde el 1 de agosto se han incorporado once médicos forenses (uno en cada provincia excepto en Cádiz, Málaga y Sevilla donde han entrado dos más) y ocho funcionarios del cuerpo de tramitadores procesales (dos en Cádiz y uno para cada una de las demás provincias excepto Málaga).
