Los obispos españoles estudiaran los casos de abusos prescritos con la creación de una comisión de arbitraje. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado la creación de la Comisión de arbitraje prevista en el Plan de Reparación Integral a las Víctimas para los casos de abusos sexuales que han prescrito o en los que el agresor haya fallecido y creará también una comisión de baremación para determinar las indemnizaciones.
Esta comisión de arbitraje, de ámbito nacional, tendrá como objetivo el estudio de las denuncias presentadas en las Oficinas de Protección de menores pero que, por diversos motivos no pueden tener recorrido en el ámbito judicial civil, canónico o penal, porque el acusado «haya fallecido o haya una prescripción», tal y como ha precisado el secretario general de la CEE, César García Magán, este jueves en rueda de prensa, tras la reunión de la Comisión Permanente, que se ha reunido el 31 y 31 de enero. Los obispos españoles estudiaran los casos de abusos prescritos con la creación de una comisión de arbitraje
Los obispos decidirán en la Asamblea Plenaria de marzo los nombres concretos de los integrantes de dicha comisión en la que quieren que participen «expertos reconocidos y con una pluralidad de procedencias, es decir, del ámbito jurídico, civil y canónico, médicos, psicólogos» y de la dimensión espiritual.
El portavoz de los obispos también ha anunciado que, de forma paralela, se creará otra comisión «de baremación» para esos casos que no son susceptibles de tener un recorrido judicial y en los que la víctima solicite una reparación económica.
Los obispos españoles estudiaran los casos de abusos prescritos con la creación de una comisión de arbitraje
Si bien, ha precisado que no quieren centrar sus trabajos contra los abusos solo en la dimensión económica porque, a su juicio, esto sería «una mercantilización de las víctimas». Además, ha precisado que no todas las víctimas quieren una indemnización. En cualquier caso, si se solicita, ha puntualizado que la reparación corresponde, en primer lugar, al victimario y, en segundo lugar, a la institución eclesial a la que pertenezca, en su caso, la diócesis o el instituto religioso o secular.
Durante la reunión, los prelados han estudiado el plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico para «evitar» que estos casos «vuelvan a repetirse» y ofrecer a las víctimas «una reparación integral».
En la Asamblea Plenaria de noviembre ya se presentó una primera propuesta y ahora la Comisión Permanente ha estudiado un nuevo borrador que incorpora las observaciones de los obispos y las ideas recogidas en el Mensaje al Pueblo de Dios de la Plenaria, así como las indicaciones del Consejo Episcopal para Asuntos Jurídicos. El texto ha sido aprobado y pasará de nuevo a la Asamblea de marzo.
En el encuentro también se ha presentado el último informe actualizado del documento ‘Para dar luz’, después de integrar las aportaciones y recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo y de la Auditoría elaborada, a petición de la CEE, por el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo.
EL INFORME DE CREMADES, 1,2 MILLONES DE EUROS
Sobre este informe, el secretario general de la CEE ha precisado que «el precio final han sido 1.225.000 euros» y ha subrayado que la auditoría «es valiosa en sí misma» y les ha aportado «sugerencias valiosas».
Preguntado por si es ético gastar más de un millón de euros en este informe, García Magán ha reconocido que la auditoría de Cremades «no ha sido barata» pero ha subrayado que «las víctimas se merecen todo esto» y ha subrayado que los obispos encargaron este informe con el «interés de clarificar» y como un «signo» también de la «atención a las víctimas» y de «buscar la verdad y justicia».
Además, ha recordado que el trabajo se ha hecho «pro bono» y que «si se hubiera facturado todo» el coste «hubiera sido mayor», teniendo en cuenta el precio de mercado y las horas de trabajo. En todo caso, ha señalado que ha habido «unos retrasos» en la entrega pero que esto no resta interés al trabajo final que se ha realizado, a su juicio, «con profundidad y con profesionalidad».
En cuanto a los seminarios, durante la reunión, los obispos han acordado la constitución de una comisión ‘ad hoc’ formada por ocho rectores de distintas zonas de España –de Barcelona, Burgos, Cartagena-Murcia, Madrid, Pamplona, Sevilla, Toledo y Valencia– para trabajar junto al obispo Jesús Vidal, sobre este tema. Además, en la Plenaria de marzo se establecerá un calendario de trabajo y se señalarán los temas que se incluirán en una encuesta que se va a realizar a todos los obispos sobre esta cuestión.
Por otro lado, preguntado por si los obispos han tratado otros temas de actualidad como la Ley de Amnistía, que no fue aprobada finalmente esta semana debido al voto en contra de Junts, García Magán ha indicado que no lo han abordado.
«En cuanto a lo de la Amnistía, pues mire, no hemos hablado. Nos remitimos a lo que dijimos, al comunicado, al mensaje de la Conferencia Episcopal ante la situación social y política de España, que emitimos también en la Plenaria del pasado mes de noviembre», ha zanjado.
