El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, a propuesta del Ministerio de Ciencia e Innovación, el anteproyecto de ley que modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que «crea más y mejores oportunidades a las personas que hacen ciencia e innovan».
Así lo ha asegurado la titular de la cartera de Ciencia, Diana Morant, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, donde ha comparecido junto a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Morant ha afirmado que se trata de «un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad: Por un lado, dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de España y por otro lado, garantizar una financiación pública creciente y estable».
«Esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación, agravados durante una década de recortes que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación de investigadores e investigadoras», ha declarado, para después añadir que con esta reforma «España da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país».
El anteproyecto recoge un itinerario postdoctoral de «incorporación estable al sistema». Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de «incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista», interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.
Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como «investigador establecido», que además conllevará mejoras salariales.
Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.
Para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir «una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores».
Por otro lado, se incorpora un nuevo contrato indefinido para «todo tipo de personal de investigación» que realice actividades científico-técnicas. «Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia», señala el texto, que precisa que estos «no formarán parte de la Oferta de Empleo Público».
Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el ‘limbo’ hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.
Al igual que los postdoctorales, el borrador también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales. En concreto, el texto propone «una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año», medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma.
OTRAS NOVEDADES
Además, la reforma modifica el artículo 25 de la Ley, que permitía a los investigadores al servicio de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) someter a evaluación los méritos adquiridos únicamente en los propios OPI (CSIC, CIEMAT, ISCIII y IAC). Con el texto aprobado hoy en el Consejo, se amplía a todos aquellos centros del sistema público español de ciencia, tecnología e innovación, así como a universidades.
Se reconoce que los quinquenios del personal investigador de OPIs evalúen y reconozcan los méritos de investigación y transferencia de conocimiento realizados anteriormente, tanto en España como en el extranjero, en el sector público y en cualquier universidad, y no solo en los Organismos Públicos de Investigación españoles como hasta ahora. De esta forma se facilita la atracción de personal investigador de fuera de los OPIS.
También se define una carrera para el personal técnico y se rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos.
Y, por primera vez, el texto recoge que se garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la La Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.
La Agencia Española del Espacio tendrá como fines generales, entre otros, el fomento, ejecución y desarrollo de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del espacio, la seguridad y defensa nacional, las operaciones en el ámbito ultraterrestre, las aplicaciones satelitales para el desarrollo de competencias departamentales, así como el uso de datos provistos por satélites, y el impacto tecnológico y económico de la industria asociada al diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas satelitales.
Asimismo, la Agencia se encargará también de la potenciación de la industria espacial nacional, la coordinación estatal e internacional de la política espacial española, con plena coordinación con la Agencia Espacial Europea y con las políticas y programas espaciales que se desarrollen en el ámbito de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales de las que España es miembro. El Gobierno aprobará en el plazo máximo de un año el estatuto de Agencia Espacial Española.
«Esta, por tanto, es la Ley que beneficia a las personas, que define a la ciencia como bien común y que añade algo relevante: los valores en la I+D+i –la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad–. Esperamos que el texto acabe enriqueciéndose con las aportaciones de los partidos políticos, ahora en su tramitación parlamentaria», ha concluido la ministra Morant.
