Málaga ya ha empezado a decir adiós a los patinetes eléctricos de alquiler. El Ayuntamiento, a través del Área de Movilidad, ha iniciado el procedimiento para prohibir estacionar en la vía pública a las siete empresas de vehículos de movilidad personal (VPM) y de bicicletas de pedaleo asistido en régimen de alquiler compartido que operan en la ciudad.
Tal y como han informado desde la Casona del Parque a través de un comunicado, se trata de la pérdida de eficacia sobrevenida de las autorizaciones a siete empresas explotadoras de VPM y bicicletas de pedaleo asistido para su estacionamiento en el espacio de dominio público otorgadas en diciembre de 2022 de manera transitoria. Las empresas autorizadas son Dott, Bolt, Lime, VOI, Link, Tier y Bird.
Estas autorizaciones, además de ceñirse a un número determinado de VPM y bicicletas de pedaleo asistido (192 VPM a cada empresa y 300 bicicletas a Dott, 325 a Bolt y 75 a VOI), también establecían que podrían ser revocadas o modificadas en cualquier momento -por razones de interés público- sin que el titular de la autorización tuviera derecho a indemnización o compensación.
También hacían ilusión a que se autorizaba, expresamente, a los vehículos especificados e identificados en la resolución emitida a cada empresa. Estas asumían la responsabilidad del mal estacionamiento de los VPM y de las bicicletas, tanto si la realizaba la empresa como si la realizaban los usuarios.
Tras detectar determinados incumplimientos por parte de las empresas autorizadas, el Área de Movilidad inició un procedimiento de comprobación del grado de cumplimiento de las obligaciones y condiciones a las que están sometidas cada una.
Málaga intenta atajar las «molestias» de los patinetes de alquiler
Del procedimiento de comprobación, llevado a cabo por la Policía Local, se ha determinado que seis de las siete empresas autorizadas no cumplen el condicionante en cuanto a operar con los vehículos autorizados por el Área de Movilidad. En el caso de la séptima empresa, el motivo para revocar la autorización reside en no haber llegado nunca a poner en servicio los vehículos.
Una vez notificados los titulares de las autorizaciones, tendrán un plazo de audiencia de die días hábiles. Podrán alegar lo que consideren oportuno en defensa de su interés.
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