Después de que el 23 de febrero de 2018 el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Sevilla adjudicase a la empresa Forus Deporte y Salud una concesión administrativa para construir con sus propios fondos un nuevo centro deportivo sobre la piscina municipal cubierta de Virgen de los Reyes y explotar el futuro recinto, y de que en febrero de 2020 fuese concedida la licencia de obras, la empresa cuenta con una segunda «ampliación» del plazo de ejecución de las obras, que finaliza el verano de 2023.
Así lo ha dicho el propio alcalde hispalense, el socialista Antonio Muñoz, durante el pleno ordinario celebrado este jueves por el Ayuntamiento hispalense, ante una pregunta de la concejala no adscrita Sandra Heredia, alineada con la actual Adelante Andalucía, una marca refundada por Anticapitalistas, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Defender Andalucía tras el cisma vivido en dicha coalición política.
Fue en septiembre de 1999, recordémoslo, cuando el IMD adjudicó a la empresa Surpool una concesión administrativa para la gestión integral y explotación de esta instalación hasta entonces directamente gestionada desde lo público.
Pero a partir de 2001, Surpool habría dejado de atender sus obligaciones frente a la Seguridad Social, ocasionando que el IMD hiciese frente a una deuda de 500.221 euros por este extremo, como «responsable solidario» del impago. Surpool, además, habría omitido el pago del canon implícito en la concesión administrativa, llegando a adeudar unos 138.803 euros al IMD.
Las deudas de la empresa con la Seguridad Social motivaron el embargo de la concesión administrativa, subastada en abril de 2011 por la Agencia Tributaria en favor de Atlántico Sur, que tomó posesión del recinto deportivo al mes siguiente.
LA ORDEN DE CIERRE
Finalmente, en agosto de 2014 el IMD ordenó el cierre de estas instalaciones deportivas por deficiencias de seguridad e higiénico sanitarias y ya en octubre de ese año, tras no pocos conflictos con la nueva empresa gestora, declaró la plena «caducidad» de la concesión administrativa de la que gozaba Atlántico Sur, recuperando así el control del recinto.
Ya en 2017, el IMD aprobaba con el apoyo de PSOE, PP y Cs y el rechazo de Participa e IU, licitar una nueva concesión administrativa destinada a que una empresa construyese un nuevo centro deportivo sobre la piscina cubierta, asumiendo el coste del proyecto a cambio de explotar económicamente el nuevo recinto durante 40 años.
Para defender esta nueva concesión administrativa, pues los grupos de izquierda reclamaban la reapertura de la piscina bajo gestión plenamente pública, el edil de Deportes, David Guevara (PSOE), defendía que los informes técnicos elaborados sobre la antigua piscina habrían puesto de relieve que su reapertura necesitaría una inversión pública de unos 4,5 millones de euros, dadas las diferentes patologías del recinto y la obsolescencia de los equipamientos respecto a las actuales normativas.
NUEVA ADJUDICACIÓN
Ya en febrero de 2018, el IMD aprobó adjudicar a la empresa Forus Deporte y Salud S.L. la mencionada concesión, mediante la que dicha sociedad se comprometía a construir de su propio bolsillo un nuevo recinto deportivo con una inversión de once millones de euros y un canon anual de 305.000 euros en favor del IMD, a cambio de explotar comercialmente el nuevo centro comercial durante 40 años.
En octubre de 2020, el Gobierno local del PSOE exponía que finalmente fue en julio de ese año cuando el consejo de gobierno del IMD aprobó el «proyecto básico y de ejecución definitivo» de este proyecto pese a que la licencia de obras había sido concedida en febrero, siendo después «retrasado» el inicio de las obras a cuenta de la pandemia.
«GRAVES INCUMPLIMIENTOS» DE PLAZOS
A tal efecto, Sandra Heredia ha preguntado este jueves por la situación de este proyecto, dados los «graves incumplimientos de plazo» de la entidad adjudicataria y las reivindicaciones vecinales respecto a contar con este equipamiento deportivo para el barrio de la Macarena.
El socialista Antonio Muñoz ha explicado que las obras están «en marcha» pero la fecha de finalización de las mismas ha quedado «desplazada» como consecuencia de los retrasos en las entregas de materias primas y el alza del coste de las mismas, a cuenta de la nueva crisis mundial.
La empresa adjudicataria, según ha precisado el alcalde, cuenta con una segunda «ampliación» del plazo de ejecución de las obras, al objeto de que las mismas acaben «en el verano de 2023».
