Si a comienzos de este año el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, adelantaba que entre los objetivos fundamentales de la futura Ley Universitaria Para Andalucía —LUPA— estaba requerir el dominio del idioma a los docentes que accediesen a la enseñanza universitaria con un B2, ahora ese requerimiento se extrapolará también al propio alumnado universitario.
Y es que con la finalidad de favorecer la proyección internacional de las universidades andaluzas, con esta nueva ley será obligatorio contar con la acreditación del B2 en cualquier idioma extranjero para poder obtener el título oficial universitario, cuando hasta el momento únicamente era necesario contar con un nivel B1. El consejero ha defendido esta medida alegando que conseguirá mejorar la «empleabilidad» de los universitarios. «No debe ser un problema. Otras comunidades ya lo están haciendo y Andalucía no puede quedarse atrás», ha expresado el Gómez Villamandos.
Por el momento, los universitarios no tendrán que preocuparse, ya que se prevé que esta medida no se aplique de manera inmediata, ya que la intención de la Junta de Andalucía es instaurarlo en los próximos cinco años, es decir, a partir de 2029. Esta será una de las numerosas novedades que traerá consigo la LUPA, aprobada la pasada semana por el Consejo de Gobierno, en la que también se «blindarán» los derechos de los docentes, del personal de administración y servicios y estudiantes.
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Otras propuestas novedosas que recoge la LUPA
Además de las cuestiones en torno a nivel de idiomas requerido para la obtención del título universitario, la futura Ley Universitaria Para Andalucía traerá consigo otras propuestas novedosas, como bien ha informado el propio consejero, entre las que se encuentran la fijación por primera vez de «requisitos» para la apertura de universidades privadas, un aspecto que aportaría una serie de «garantías» con las que el sistema universitario andaluz «se verá reforzado», ha destacado José Carlos Gómez Villamandos.
Asimismo, otra de las propuestas más significativas que recoger el nuevo anteproyecto de Ley es que los alumnos tengan derecho a un sistema de bonificación de los precios a la hora de realizar su matrícula universitaria, con lo que se busca favorecer el acceso de todos los colectivos a la educación superior.
Otra de las novedades presentadas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación con respecto a la LUPA es que no se aplicará la limitación de 120 horas lectivas a los programas de captación y retención de talento en el sistema universitario andaluz, un aspecto impuesto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Finalmente, en dicho anteproyecto se establecen una batería de medidas con las que garantizar el relevo generacional y la estabilización de la plantilla del Personal Docente e Investigador (PDI). Para cumplir estos dos objetivos —relevo y estabilidad—, el departamento de José Carlos Gómez Villamandos ha diseñado un marco normativo con el que «adelantar la carrera profesional del profesorado en alrededor de diez años a través de nuevas figuras».
