La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga ha vuelto a aplazar el juicio previsto para este martes a un profesor acusado de presuntamente abusar y acosar durante tres cursos a una alumna cuando esta tenía 12 años, a la que supuestamente sometió a un control «férreo» a nivel general, haciéndola creer que era una relación «normalizada».
La vista oral no se pudo celebrar la pasada semana por encontrarse enfermo uno de los abogados y se aplazó para este martes, aunque debido a la misma causa se ha tenido que retrasar de nuevo, esta vez hasta abril, en concreto los días 19 y 21 de dicho mes, el inicio de este enjuiciamiento, han informado fuentes judiciales.
La Fiscalía malagueña pide una condena a 13 años de prisión. Según las conclusiones iniciales del ministerio fiscal, el procesado ejerció como profesor en un centro educativo de un municipio malagueño y tras pedir permiso a los padres, creó un grupo de Whatsapp a través del cual obtuvo los contactos de los alumnos de la clase de la que era tutor.
En 2014 comenzó las conversaciones con la víctima, primero relacionadas con el ámbito escolar y posteriormente con el plano privado, «hasta el punto de sostener con ella conversaciones de índole sexual, introduciendo a la niña en el aprendizaje de técnicas y prácticas sexuales», señala la acusación pública en su escrito provisional al que tuvo acceso Europa Press.
Además, presuntamente la recogía en su coche y la llevaba a un descampado para «aprovechándose de la superioridad que ejercía sobre la menor», mantener relaciones; y en ocasiones, según relata el ministerio fiscal, cogía habitaciones de hotel «para darle más seriedad y hacer creer a la niña que esta era una relación normalizada y que debía continuar con él».
Esta situación se prolongó durante tres años, en los cuales el acusado, según señala la Fiscalía, «sometió a la menor a un acoso continuo, con un férreo control» a todos los niveles, incluso en el vestuario –diciéndole también cómo maquillarse para aparentar más edad–; de forma que presuntamente le impedía realizar cualquier tipo de actividad «si no era con su conocimiento y consentimiento».
Cuando la joven «fue consciente del daño que esta situación le estaba provocando», decidió romper todo contacto, aunque el procesado «no aceptó la decisión», indica la acusación pública, sino que «comenzó a realizarle más llamadas telefónicas», contabilizándose 2.937 llamadas entre octubre de 2016 y enero de 2018; además de mandarle mensajes. También presuntamente habló con sus amigos desde cuentas falsas en redes sociales «desprestigiándola».
Todo esto provocó en la chica alternaciones emocionales que le obligan a acudir a la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil, según indica la acusación pública, que solicita que la víctima sea indemnizada con 50.000 euros por el daño moral ocasionado.
Para el fiscal, estos hechos constituyen delitos de abuso sexual, con carácter continuado, y acoso, solicitando en total 13 años y cuatro meses de prisión, así como prohibición de acercarse a menos de 500 metros o comunicar con la joven durante diez años y la inhabilitación para cualquier empleo que conlleve contacto con menores durante once años.
