El gerente de un bar de copas de El Ejido (Almería) se enfrenta a seis años de prisión después de que en varias inspecciones se hallaran en su local a en torno 15 mujeres que hacían «las funciones de alterne» sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, la mayor parte de ellas extranjeras y sin residencia legal en el país.
El Ministerio Fiscal acusa al hombre de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que además pide que se le imponga una multa de 12 meses con un pago de 12 euros diarios así como a indemnizar a la Seguridad Social por las cantidades que dejó de ingresar debido a la falta de dichas contrataciones.
Según el escrito provisional de la Fiscalía, consultado por Europa Press, el acusado regentaba un bar de copas y alterne propiedad de una mercantil a la que arrendó el establecimiento en la que tenía a un número «indeterminado» de mujeres «ejerciendo la actividad de alterne» pero «sin hacerles contrato de trabajo ni tenerlas dadas de alta» en la Seguridad Social.
En este sentido, señala que en la mayor parte de los casos, las mujeres carecían de permiso de trabajo y residencia en España, conforme a los datos recopilados en el marco de la investigación.
La principal función de las mujeres era captar clientes para «incentivar el consumo de bebidas», de manera que recibían una retribución consistente en una comisión por cada copa en función del precio.
Así, el acusado habría establecido previamente con las chicas una cantidad que les habría sido abonada por él mismo y no por los clientes en función de las copas tomadas.
Con ello, constan en las actuaciones al menos cuatro registros llevados a cabo entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019 por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional junto con la Inspección de Trabajo para comprobar las condiciones en las que se operaba el local.
En las sucesivas inspecciones se encontraron a entre 14 y 17 personas empleadas sin estar dadas de alta en la Seguridad Social pese a saber de sus obligaciones como empleador, por lo que llegaron a levantarse actas de infracción grave y muy grave ante la supuesta contratación de personas sin residencia legal en el país.
Asimismo, y como parte del «ánimo de enriquecimiento injusto» con el que, según el fiscal, actuó el acusado, se cuantificaron los ingresos que la Seguridad Social había dejado de percibir por no figurar las altas a razón de 70 euros por cuota. El juicio está previsto para este martes a las 9,30 horas en la Audiencia de Almería.
