La Policía Local de Málaga ha tramitado un total de 110 denuncias, tanto a establecimientos (14) como a personas (96) por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público.
Las actuaciones, un total de 189, se llevaron a cabo a lo largo de la pasada semana, concretamente desde las 07.00 horas del lunes 6 de marzo hasta las 07.00 horas de ayer, lunes 13 de marzo de 2023, en los distritos Centro, Teatinos y Carretera de Cádiz.
En relación con el dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han realizado un total de 171 intervenciones cuyo resultado ha sido de tres taxis denunciados, dos por incumplimiento del régimen de paradas o turnos y uno por no ir provisto de extintor de incendios, y siete VTC, de los que tres por captar clientes cuyo servicio no había sido previamente contratado, tres por iniciar servicio sin comunicar los datos relativos a éste exigidos por la legislación vigente y uno por realizar transporte privado complementario de viajeros incumpliendo las condiciones.
Por otro lado, en lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía se ha denunciado a un total de 23 personas: cuatro por cantar o proferir gritos en la vía pública y en zonas de concurrencia pública, y 19 por incumplimientos relacionados con la realización de actividades que impiden el descanso ajeno –ruidos en el interior de las viviendas, hacer funcionar aparatos en horario nocturno, actividades perturbadoras del descanso, etcétera–. Además, se han intervenido dos instrumentos musicales.
Las cuatro denuncias tramitadas por cantar o proferir gritos en la vía pública se han producido en las calles Devolx y García (1), plaza Mártires (1), avenida Plutarco (1) y San Juan de Letrán (1), han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.
En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la Ciudad de Málaga, se han efectuado un total de 73 denuncias, destacando 42 por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, 13 por realizar la actividad de aparcamiento, ordenación o vigilancia en espacios públicos sin autorización y diez por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, entre otras.
Las 42 denuncias por «botellón» han sido en las calles: Chiquito de la Audiencia (6), Cortijo de Echarte (6), María Victoria Atencia (6), José Denis Belgrano (4), Margarita Xirgu (3), Plutarco (3) y Jara (1).
Las 13 restantes se impusieron en calle Fidias, donde policías locales también sorprendieron in fraganti a tres personas, dos hombres y una mujer con edades comprendidas entre los 24 y los 34 años, traficando con drogas tales como metanfetamina, éxtasis y cocaína, por lo que fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
En cuanto a las diez denuncias tramitadas por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública fueron en las calles José Denis Belgrano (2), Aventurero (1), Carretería (1), Julio Mathias (1), Luis de Velázquez (1), Nosquera (1), Pito (1), Purificación (1) y San Telmo (1).
Respecto a las actuaciones sobre establecimientos públicos, se han sancionado a seis, siendo en total 14 el número de denuncias formuladas por diferente casuística: seis por trascender música al exterior por puertas o ventanas, tres por ocupar la vía pública sin autorización, uno por superar el aforo, etcétera.
Por otro lado se han realizado diez seguimientos de decretos y se han notificado seis más, entre ellos dos de cierre de establecimiento y uno de cese de música.
Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros, las catalogadas cómo leves y los 300.000 euros, las consideradas cómo muy graves; respecto las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana a partir de los 300 euros.
