Policías lesionados en protesta de ‘Tsunami’ dicen que temieron por su vida y se consideran víctimas de terrorismo. Dos policías nacionales que fueron heridos de gravedad durante una protesta en Barcelona atribuida a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’ tras la sentencia del ‘procés’ han declarado este martes en la Audiencia Nacional que temieron por sus vidas y que se consideran víctimas de terrorismo.
Así lo ha explicado el abogado José María Fuster-Fabra, del despacho Fuster-Fabra Abogados, a preguntas de los periodistas después de la declaración de los dos policías como testigos-perjudicados ante Joaquín Gadea, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, donde se investiga a la plataforma independentista por presunto terrorismo.
Policías lesionados en protesta de ‘Tsunami’ dicen que temieron por su vida y se consideran víctimas de terrorismo
En su declaración, los agentes han relatado que sufrieron una situación de «violencia extrema» por parte de grupos organizados que reunieron a entre 2.500 y 3.000 personas que les tiraban baldosas, adoquines o bolas de petanca, entre otros materiales peligrosos, si bien no han entrado a comentar si creían que detrás de los violentos estaba ‘Tsunami Democràtic’ u otra organización, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
La protesta tuvo lugar el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona, a los pocos días de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del proceso independentista catalán enjuiciados.
Uno de los agentes –los dos están jubilados por las heridas que sufrieron– ha resaltado al juez que estaban convencidos de que los grupos violentos querían que hubiera algún agente muerto. «Ellos veían que lo que buscaban era que hubiera no solamente lesionados, sino que hubiera fallecidos», ha indicado Fuster-Fabra, para remarcar que los manifestantes querían hacer «el máximo daño posible».
Además, los policías han relatado que aparecía gente de las calles adyacentes que tomaba el relevo de los que estaban ocupando la primera fila de la protesta. «Sabían perfectamente dónde estaban ubicadas las unidades policiales y en el momento en que una quedaba desabastecida de material de antidisturbios, ellos aprovechaban para atacar y esa unidad tenía que ser, a su vez, reemplazada por otra», ha señalado el letrado.
«Es decir, desde la perspectiva de personas que están muy acostumbradas a enfrentarse a manifestaciones, el nivel de organización era absoluto», ha subrayado.
Según Fuster-Fabra, uno de los agentes ha narrado que vivía en Cataluña y que pasó un «drama familiar» al hacerse pública su imagen a raíz de una visita que le hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el hospital. Tras ello, sus hijos padecieron acoso escolar, tuvieron que «malvender» la casa y cambiar de domicilio, ha asegurado.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración han indicado que los agentes heridos han asegurado que tardaron mucho en ser trasladados al hospital porque los manifestantes cortaban las calles para que no pudieran acceder ambulancias y que, además, tuvo que ponerse seguridad en el centro sanitario por temor a nuevos ataques.
A preguntas de Vox, que ejerce como acusación popular, los policías han descrito una situación de caos total y que tenían la sensación de que los manifestantes poseían información sobre todos los movimientos que realizaban los antidisturbios.
Para Marta Castro, coordinadora jurídica del partido, «la gravedad de estos hechos, que acreditan actos de terrorismo, viene dada por la implicación directa de los líderes de partidos separatistas».
«FUE UNA AUTÉNTICA SALVAJADA»
Después de comparecer ante el juez, uno de los agentes ha señalado en declaraciones a los medios que tienen «confianza plena en la Justicia» y que lo único que quieren, como «víctimas de terrorismo», es que lo que padecieron tenga «las repercusiones que tiene que tener».
El policía ha incidido en que sintió peligro por su vida y que, además de resultar dañada su integridad física, psicológicamente también arrastra «muchas secuelas», ya que sufre estrés postraumático.
Ha explicado que fue un adoquín de grandes dimensiones lanzado desde la azotea de un edificio el que le impactó en un brazo y le provocó una fractura abierta por la que se ha sometido a dos intervenciones quirúrgicas.
«Ese fue mi último servicio, me jubilaron por una incapacidad permanente total», ha contado, antes de calificar la intervención en esa protesta como «la más dura de todas» en las que participó como policía. «De hecho, alguna vez hemos trabajado en el País Vasco y en Pamplona y nunca habíamos visto algo de tal magnitud como lo que se vivió en Barcelona esos días», ha asegurado.
Preguntado sobre qué le parece que la ley de amnistía vaya a perdonar esos hechos, ha preferido no comentar las consecuencias de la medida de gracia y ha reclamado que lo que pasó en Barcelona en esas fechas «no se vuelvan a producir». «Porque fue una auténtica salvajada, que no vuelva a pasar, que no vuelva a ocurrir», ha insistido.
KALE BORROKA
En el escrito por el que solicitaron personarse en la causa como acusación particular, la representación de sendos agentes explicaba que el 18 de octubre de 2019 se produjeron diferentes disturbios «protagonizados por sectores radicales violentos» que tuvieron como objetivo de sus ataques, entre otros, las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de la Vía Laietana.
Detallaba el escrito que esas dependencias eran custodiadas por efectivos de las Unidades de Intervención Policial y recordaba que el 18 de octubre, en el marco de las protestas, los dos agentes se encontraban dando protección a esa comisaría.
Tras horas de «hostilidades», explicaba el despacho Fuster-Fabra Abogados, llegó «un grupo de personas encapuchadas y embozadas» que «usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco, comenzaron a lanzar (…) todo tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad lesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo».
Fue en ese contexto cuando uno de los dos policías fue «alcanzado en su mano derecha por el impacto de una botella rota», lo que le hizo caer al suelo y notar «un fuerte dolor fruto de esa lesión».
Ese mismo día, pero horas más tarde, sobre las 20.00 horas, ese mismo agente se encontraba en la Plaza de Urquinaona junto a otros compañeros parapetados «ante la imposibilidad de avance por la intensidad de los ataques, de estilo terrorismo urbano o Kale Borroka, que estaban sufriendo con adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje».
Fue ahí cuando recibió «un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo».
El segundo de los agentes que se personó también estaba en esa plaza y recibió «un fuerte impacto en su mano» que le provocó «una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento, y que, tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía», provocó que fuera jubilado a la edad de 45 años.
