Se han desalojado más de un centenar de autocaravanas y alrededor de 30 tiendas de campaña del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, en Nerja. La intervención fue realizada por agentes de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Policía Local de Nerja y la Guardia Civil.
Según ha informado el Gobierno andaluz en un comunicado, la operación incluyó la retirada con grúa de cinco vehículos. Esta acción forma parte de los esfuerzos coordinados entre los diferentes cuerpos de seguridad y la administración autonómica para preservar la integridad de este valioso entorno natural. El despliegue contó con más de 14 patrullas, incluidas dos de Medio Ambiente, cuatro de la Policía Local de Nerja con grúa, y más de 20 agentes de la Guardia Civil.
Durante el operativo, se notificaron sanciones a todas las personas que se encontraban acampando en la zona. El Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo destaca por su alto valor ecológico, debido a sus singulares formaciones geológicas y la rica biodiversidad que alberga tanto en su superficie terrestre como en su entorno marino.
Control de actividades ilegales en la zona
Tras el desalojo, los servicios municipales del Ayuntamiento de Nerja se encargaron de realizar labores de limpieza en el área afectada, siguiendo las competencias que les corresponden. Desde la Junta de Andalucía han señalado que realizan labores de vigilancia, sanción y mejora para proteger este espacio, que incluye flora, fauna y formaciones geológicas de gran importancia.
Asimismo, los agentes de Medio Ambiente trabajan en el control de actividades ilegales en la zona, como estacionamientos no autorizados, pesca furtiva, uso indebido de motos de agua o fondeos fuera de las áreas permitidas, en colaboración con otros organismos como Seprona e Inspección Pesquera.
La Junta también ha explicado que la masiva presencia de caravanas, campistas y ocupaciones de inmuebles abandonados genera un impacto negativo en el medio ambiente y puede dar lugar a problemas de orden público. Estas situaciones, que van más allá de sus competencias en vigilancia ambiental, se gestionan en coordinación con otras administraciones y cuerpos de seguridad.
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