El Juzgado mixto número uno de Carmona, ha acogido el primer día de declaraciones ante el caso de la instalación de un tanatorio en el polígono El Gandul en Mairena del Alcor (Sevilla), tras una denuncia del PSOE por posibles delitos en las tramitaciones del Ayuntamiento. Unas declaraciones para las que han sido citados algunos cargos políticos, como el presidente del PP de Sevilla, delegado del Gobierno andaluz en la provincia y exalcalde de Mairena del Alcor, Ricardo Sánchez.
Ricardo Sánchez, a quien el juzgado atribuye un presunto delito de administración desleal, se ha mostrado «tranquilo y confiado» ante los medios de comunicación con motivo de su comparecencia judicial, que se habría prolongado durante unos 40 minutos.
Durante su comparecencia, habría declinado responder a las preguntas del PSOE, personado como acusación en la causa, contestando así las cuestiones de la Fiscalía, el juez y su abogado defensor; optando de su lado la representación del PSOE por leer sus preguntas sobre las supuestas «irregularidades» detectadas, para que constasen así sus planteamientos.
El PSOE-A pide su destitución
En una rueda de prensa el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, se ha posicionado ante este caso que ha salpicado a Ricardo Sánchez, asegurando que “el fondo de la causa por la cual comparece el delegado de la Junta apunta a prevaricación y tráfico de influencia” sosteniendo que Moreno “está tardando en dar explicaciones”. Además, el portavoz ha pedido la destitución de Ricardo Sánchez de sus cargos.
Por su parte el PP de Andalucía a través de su portavoz Antonio Repullo, se han mostrado tranquilos, asegurando que Ricardo Sánchez lo que ha hecho es “ir a explicarle al juez lo que ya ha explicado públicamente, que no hay nada”. Repullo aseguraba que “estamos ante una denuncia política más del Partido Socialista que lo que no gana en la urna ni en la calle, pretende embarrar en los juzgados”.
El portavoz popular andaluz ha mostrado su “absoluta confianza” ante este caso, indicando que “no hay ningún hecho que suponga reproche jurídico ninguno por parte de Ricardo Sánchez”.
Más comparecencias
Para este martes a las 10,00 horas está además citado en la misma condición el actual alcalde de Mairena del Alcor, el también popular Juan Manuel López; y ya el 13 de marzo a las 10,00 horas está igualmente citado como investigado el otrora apoderado de la empresa Previpaz SL y coordinador de Empresas en la Vicesecretaría de Economía de la Ejecutiva regional del PP andaluz, Francisco Rodríguez Roa; ambos investigados por posibles delitos de prevaricación y de tráfico de influencias.
Ricardo Sánchez había defendido ya que tiene «la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley» y que la denuncia del PSOE de la que deriva la causa se basa en «falsedades».
El actual alcalde, de su lado, niega que el asunto entrañe un «pelotazo urbanístico» o tráfico de influencias, mientras el PSOE viene alertando de que ha quedado de relieve que con el proyecto «se iba a hacer negocio a costa de la salud» de la ciudadanía, «porque se iba a poner un crematorio donde además luego ha reconocido a posteriori la Junta de Andalucía que afectaba a 4.000 personas».
«Se ha jugado con el dinero del pueblo para repartirlo entre amigos del PP y se ha hecho eso a costa de la salud de estos maireneros», enfatizan los socialistas, que reclaman al PP «que tome sus responsabilidades penales si las hay» y, especialmente, piden el cese de Ricardo Sánchez como delegado del Gobierno andaluz en Sevilla.
Denuncia inicial del PSOE
En su auto, recogido por Europa Press, el juzgado rememora que el asunto parte de una denuncia del Grupo socialista del Ayuntamiento de Mairena del Alcor, por un presunto delito continuado de prevaricación, en concurso con otro de tráfico de influencias.
Según la denuncia inicial del PSOE, en 2015, durante la etapa de Ricardo Sánchez como alcalde de Mairena del Alcor, el Ayuntamiento «promovió un estudio de viabilidad para un proyecto de construcción y explotación en régimen de concesión de obra pública de un tanatorio en el cementerio municipal», aprobando tal extremo el pleno y siendo licitada la contratación de la redacción técnica del proyecto, para después aprobar el anteproyecto «a los efectos de iniciar los trámites del procedimiento de contratación de la concesión de obra pública».
Pero según el PSOE, «a pesar» de dicho acuerdo plenario, Sánchez, entonces como alcalde, «haciendo dejación de sus funciones, no impulsó» la materialización del acuerdo y «no fue hasta mediados de 2018 cuando volvió a retomar el expediente» encargando un nuevo informe a la Secretaría General, apreciando los socialistas una presunta actuación «prevaricadora por omisión».
En paralelo, en 2017, según la denuncia, el Ayuntamiento enajenó dos parcelas municipales donde hoy se alza el tanatorio privado de la localidad y «como la subasta quedó desierta, inició los trámites para la adjudicación directa, que concluyó en julio de 2018, con la adjudicación a la mercantil Compañía Pineda Álvarez», por 173.693 euros, «un importe cuatro veces menor a su valor, un chollo urbanístico».
