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Salud envía al juzgado un informe por la contaminación en Coria

Salud contaminación Coria

Este informe detalla que la población de estudio es «aquella que acudió a solicitar asistencia sanitaria a los centros de salud de la Unidad de Gestión Clínica de Coria del Río en el último trimestre de 2017 y fue incluida en el informe epidemiológico» de diciembre de ese año. Salud contaminación Coria

Salud remite al juzgado de la contaminación de Coria un informe de historias clínicas de afectados

La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía ha remitido al Juzgado número tres de Coria del Río (Sevilla), que indaga la contaminación detectada en la barriada Guadalquivir de dicha localidad ribereña por una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., un estudio de 2022 demandado desde entonces por los afectados y que resulta ser un informe de «revisión de historias clínicas de casos» de vecinos relacionados con el asunto.

Este informe, remitido al juzgado el pasado 17 de diciembre de 2024, detalla que la población de estudio es «aquella que acudió a solicitar asistencia sanitaria a los centros de salud de la Unidad de Gestión Clínica de Coria del Río en el último trimestre de 2017 y fue incluida en el informe epidemiológico» de diciembre de ese año, con el aviso de que «el problema ambiental parece haberse producido varios años antes de la declaración de la alerta sanitaria en octubre de 2017».

Este informe explica entre sus conclusiones que han sido «revisadas el 80 por ciento de las historias clínicas de los casos de la población de estudio», detallando que «los síntomas evidenciados, ya identificados en 2017, son de tipo general, como cefaleas, astenia, malestar, náuseas, mareos, vómitos, diarrea, tos», etcétera, «en general con carácter leve» pero «pudiendo ocasionar malestar físico, psíquico y emocional», señalando que algunos pacientes percibían ya «riesgo para su salud».

«No se evidencia que el aumento de consultas por síntomas relacionados con la exposición a tóxicos en el último trimestre de 2017 se haya mantenido los años posteriores», indica el informe, precisando en paralelo que «no han desaparecido las consultas» por esta situación.

Y sobre todo, el informe no ve «conclusiones claras desde el punto de vista clínico acerca del impacto en términos de patología crónica ni de riesgo de la exposición presuntamente ocurrida en el territorio de estudio», avisando de que a la hora de elaborar el documento, los autores del mismo carecían de suficiente «información que permita conocer si actualmente se mantiene la exposición» de los vecinos a elementos tóxicos ni de las «características de los posibles agentes tóxicos», con lo que «falta información del agente causal» para «una evaluación con mayor precisión y certidumbre del impacto en la salud».

«NO ES EL INFORME EPIDEMIOLÓGICO QUE SE ESPERABA»

Ante ello, Rogelia Gómez, portavoz del colectivo de vecinos afectados, ha avisado de que este informe «no es el informe epidemiológico que se esperaba», lamentando en ese sentido que el documento no sea concluyente.

Recientemente, recordémoslo, la Fiscalía de Sevilla elevaba un escrito al Juzgado número tres de Coria, basado en un informe previo de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado; avisando del «peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas» en la barriada Guadalquivir, por la contaminación derivada de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L.

En este escrito fechado el pasado 7 de enero, la fiscal delegada de Medio Ambiente en la provincia de Sevilla traslada al Juzgado número tres de Coria un resumen del informe emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre, sobre el «foco contaminante» de la estación de servicio en cuestión.

Dicho informe técnico, según expone la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla al juzgado instructor del caso, «confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas»; con lo que «se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado», que conforman «aguas, suelos y salud de los habitantes».

EL INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE

Y es que entre las conclusiones del informe de diciembre de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado figuran aspectos como que «se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio».

Siempre, «como consecuencia de los vertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio, que contenían hidrocarburos del tipo gasolina, gasoil y aceites minerales que se encontraban en mal estado», según este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General.

Así, este informe de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General constata «la afección generada por la contaminación tanto al medio natural, como a la salud de las personas».

Merced a dicho informe, la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla pide al Juzgado número tres de Coria, en su reciente escrito de enero, aspectos como «la cuantificación económica de los daños a las aguas subterráneas y suelos a los solos efectos del cálculo de la responsabilidad civil, puesto que la valoración penal de la conducta y sus consecuencias medioambientales ya ha sido efectuada en los diferentes informes».

La Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla también señala, entre otros aspectos, que «penden los informes forenses, para cuya agilización» el Ministerio Público ya remitió escrito en marzo de 2023, o sea hace ya casi dos años.

Este escrito de la Fiscalía sobre este informe pericial que señala un «daño constatado en la salud de las personas» queda sobre la mesa después de que el pasado mes de noviembre, la consejera de Salud, Rocío Hernández, manifestase en el Parlamento que no había sido acreditada una «relación causal» entre las afecciones de los vecinos de la barriada Guadalquivir y la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera.

LAS DECLARACIONES DE LA CONSEJERA

A preguntas de la diputada autonómica de Vox Ana Ruiz, quien preguntaba por el estudio epidemiológico que los vecinos esperan desde hace «dos años» y por el estudio «más exhaustivo» anunciado en marzo de 2023 junto con la Consejería de Política Industrial y Energía; la consejera explicaba que el citado estudio epidemiológico fue realizado y remitido al Juzgado, así como que fue acometida una «revisión retrospectiva» de la situación sanitaria de estas personas, un refuerzo de las urgencias de atención primaria en Coria, con una consulta «específica» para estos vecinos; y «múltiples reuniones con expertos» de diversa índole. »

Rocío Hernández señalaba al respecto, en noviembre, que no le constaba «relación causal» entre la situación sanitaria de los vecinos y la contaminación derivada de la fuga de hidrocarburos de la gasolinera, porque no habían sido detectadas «afecciones crónicas en la población» ni «tampoco se sabe a qué componentes químicos han estado expuestos», según indicaba entonces.

Y especialmente, avisaba del desconocimiento de los resultados de las pruebas analíticas del Instituto de Toxicología a «121» de los vecinos, «porque el proceso está judicializado» por la vía Penal; si bien mostraba su compromiso de seguir trabajando y «a disposición» del colectivo y los tribunales.

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