Sánchez dice que se inspira en la propuesta de Guilarte para nombrar a jueces, pero no concreta la fórmula. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha aclarado quien nombrará los magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, al día siguiente de que anunciara que retirará esa facultad al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero dice que se inspira en la propuesta del actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte.
En una rueda de prensa junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, tras la Reunión de Alto Nivel que ambos han mantenido en La Moncloa, Sánchez ha insistido en que la situación actual de bloqueo es «inaceptable» y la reforma que anunció pretende «liberar al CGPJ del secuestro político» al que a su juicio le tiene sometido el Partido Popular.
Sánchez dice que se inspira en la propuesta de Guilarte para nombrar a jueces, pero no concreta la fórmula
En la víspera, Sánchez dio un ultimátum al PP y dijo que si no aceptaban negociar el nombramiento de los nuevos vocales antes de final de mes, retiraría al CGPJ la facultad de nombrar magistrados del TS y de los Tribunales Superiores de Justicia.
Según indicó esta potestad supone un «incentivo perverso» que lleva a los de Alberto Núñez Feijóo a persistir en su negativa a llegar a un acuerdo, porque su intención es controlar estos nombramientos, dado que actualmente existe una mayoría de vocales conservadores.
Este martes, al ser interrogado sobre quién asumirá esta potestad que perdería el CGPJ, Sánchez ha descartado que vaya a quedar en manos del Gobierno y dice que se están «inspirando» en algunas propuestas que se han puesto encima de la mesa «entre ellas la del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial», según indicó.
GUILARTE ADVIERTE DE QUE NO ES ADMISIBLE QUE EL GOBIERNO INFLUYA
Guilarte propuso que los nombramientos del Supremo los designase «una comisión cualificada mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados» del propio tribunal, presidida por un vocal –del CGPJ–, magistrado del TS, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la del magistrado del TS, en caso contrario».
Esa comisión estaría formada por «cinco miembros de un nivel de calificación parangonable con la plaza que se saca a concurso» y los vocales del CGPJ solo formarían parte de la misma si reúnen «la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos».
No obstante, el propio Guilarte respondió al anuncio de Sánchez, pidiéndole que aclare su propuesta y señalando que los nombramientos «deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional» y que «no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno».
QUIERE DESPOLITIZAR EL CGPJ
Sánchez sostiene, por tanto, que su intención es «despolitizar» el CGPJ y sacarlo del «secuestro político» al que a su juicio le tiene sometido el PPy asegura que la reforma que van a implementar en caso de no alcanzar un acuerdo con el PP antes de que acabe junio, será «respetuosos con la independencia del Poder Judicial, plenamente constitucional y acorde con la normativa europea».
Además, considera que supondrá «un paso importante» para regenerar un órgano que «lleva demasiado tiempo sumido en una parálisis», ha lamentado.
El jefe del Ejecutivo dice además que la renovación de los vocales no es «una lucha de poder» y tiene un impacto directo en el día a día de los ciudadanos. En este sentido afirma que la negativa del PP a pactar la renovación le cuesta a los ciudadanos 12,5 millones de euros al año.
CONSECUENCIAS DEL BLOQUEO
Señala además que por cada año que el CGPJ no se renueva el Tribunal Supremo acumula «mil asuntos de retraso». «Tenemos sin cubrir el 30% de las plazas del TS y 72 plazas en tribunales superiores de Justicia y en audiencias provinciales y se ha paralizado la carrera profesional de cientos de jueces y magistrados» lamenta.
Finalmente dice que el PP tiene que decidir si es un partido constitucional o no, pero el Gobierno va a ejercer su responsabilidad, que a su juicio pasa por «defender el buen nombre del Consejo General del Poder Judicial».
