Tras las acusaciones vertidas por ‘Diario de Sevilla’ sobre sobre 35.000 euros pagados en 2011 por el PP para un mitin de Mariano Rajoy con cargo a las asignaciones de la Diputación al Grupo popular, cuando José Luis Sanz ostentaba la Presidencia provincial del partido, el actual alcalde de Sevilla ha defendido su “honestidad y «pulcritud».
Sanz asegura que este gasto de dinero público cuando él presidía el partido se trata de «gastos corrientes del funcionamiento» del grupo, que estaban “permitidos por la ley de 2011 en la materia”. «Ni un solo euro ha ido a parar para fines que no estuvieron recogidos en la ley», ha asegurado, avisando de una «campaña de difamación» en su contra.
“Soy una persona honesta y honrada»
En ese marco, José Luis Sanz ha defendido que en su trayectoria política desde 1996 está «sumamente orgulloso de los 15 años» que gobernó el Ayuntamiento de Tomares y el más de año y medio que lleva dirigiendo el Consistorio hispalense. «Soy una persona honesta y honrada, que he tenido siempre pulcritud a la hora de gestionar el dinero público», ha enfatizado.
Mientras los partidos de izquierda reclaman esclarecer si ese dinero fue declarado ante Hacienda y fiscalizado por instituciones como el Tribunal de Cuentas o la Cámara de Cuentas; Sanz ha avisado de que el hecho «de que recurrir al año 2011» y a asuntos ajenos a la «administración» de las cuentas públicas de Sevilla o Tomares para «intentar difamar» a su figura ponen de relieve que hay en su contra una «campaña de difamación»; esgrimiendo el PP que los gastos fueron fiscalizados por la propia Diputación. «Yo interpreto que estoy siendo objeto de una campaña de difamación”.
El dinero de las instituciones
Sanz ha defendido así que la ley de 2011 en la materia «permite que tanto desde el Parlamento de Andalucía se derive una serie de fondos a los grupos políticos representados» en la institución, como también sucede en el Ayuntamiento y la Diputación».
«Aquella ley de 2011 establecía que esos gastos asignados a grupos políticos eran para gastos corrientes de los grupos políticos y en el tiempo que he sido presidente o secretario general del partido, todos los fondos provenientes de la asignación a grupos políticos se han dedicado a gastos corrientes del partido político. Ni un solo euro ha ido a parar para fines que no estuvieron recogidos en la ley», ha defendido.
En ese sentido, ha precisado que la ley de 2011 «prohibía que esos fondos se pudieran gastar en retribuciones, en salarios, en personal, o que se hiciera adquisición de patrimonio»; pero sí permitía costear con cargo a las asignaciones a los grupos institucionales «gastos corrientes del funcionamiento» de los mismos; lo que le ha llevado a asegurar que «no va a haber ningún cese, ninguna dimisión».
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