De acuerdo con un análisis reciente, un alarmante porcentaje de seis de cada diez municipios intermedios en España, aquellos que tienen una población entre 100.000 y 200.000 habitantes, aún no han establecido canales seguros que permitan a sus empleados realizar denuncias sobre prácticas ilegales. Esto resulta sorprendente considerando que, desde junio de 2023, existe una obligación legal que les impone esta responsabilidad.
La Ley de Protección del Informante es la normativa que, desde el año pasado, obliga a todos los ayuntamientos del país a «implementar sistemas internos de información que garanticen que los individuos vinculados laboral o profesionalmente a estos organismos puedan reportar, de manera segura y anónima, cualquier posible transgresión a la legislación vigente».
Este marco normativo señala que tales sistemas internos deben tener asignado un responsable, así como un procedimiento claro destinado a la gestión y tramitación de las comunicaciones que se reciban.
Retraso generalizado
El Tribunal de Cuentas, con el objetivo de evaluar la situación, realizó una encuesta en 35 municipios que se encuentran dentro de este rango poblacional y descubrió un notable «retraso generalizado en la implementación del canal del informante» en estas localidades.
Según el informe, citado por Europa Press, solo seis de esos 35 municipios habían logrado establecer el canal interno de información dentro del plazo establecido por la ley. Estos son San Sebastián, Getafe (Madrid), Girona, Lleida, Mataró (Barcelona) y Santander, que además designaron a una persona encargada del canal y aprobaron un procedimiento para la adecuada gestión y tramitación de la información recibida.
Fuera del plazo estipulado por la ley, pero antes de la conclusión de la fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, otros ocho municipios comenzaron a implementar sus sistemas internos: Barakaldo (Vizcaya), Dos Hermanas (Sevilla), Cádiz, Fuenlabrada (Madrid), Huelva, Salamanca, Tarragona y Torrejón de Ardoz (Madrid).
La presidenta de la institución, Enriqueta Chicano, ha instado a los ayuntamientos a «persistir en el fortalecimiento de sus procedimientos y controles, mediante la implementación de Sistemas internos de información donde falten, y promoviendo mejoras continuas en los ya existentes».
Además, el tribunal recomienda la realización de campañas de sensibilización y difusión para asegurar que los informantes estén plenamente informados sobre la existencia de estos sistemas dedicados a la gestión de denuncias en caso de que tengan conocimiento de infracciones potenciales.