La Policía Nacional, junto con la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal dedicada a la importación y venta de artículos falsificados, en la que se han intervenido casi 250.00 artículos y se ha detenido a 39 personas en varias provincias españolas, siete de ellas en Andalucía.
Los agentes han realizado 13 registros domiciliarios y 22 inspecciones en almacenes y establecimientos en diferentes puntos de la geografía española que han dejado 14 detenidos en Madrid, 4 en Sevilla, 15 en Girona, 3 en Málaga y otros 3 en Tenerife.
Según ha comunicado este miércoles la Policía, la organización modificaba constantemente su ‘modus operandi’ para evitar ser detectados cambiando las formas de pago, las vías de entrada de la mercancía y la distribución de la misma.
Iniciaron la investigación al tener conocimiento de la existencia de una organización criminal jerarquizada que estaba integrada por ciudadanos senegaleses asentados en nuestro país. Esta se dedicaba presuntamente a la importación y venta de productos falsificados y enmascaraba el origen ilegal de los beneficios a fin de integrarlos en los sistemas económicos y financieros legales, tanto de España como de terceros países.
Estas falsificaciones eran llevadas a cabo mediante la propia creación o importación de productos como ropa, calzado, joyas o piezas de marroquinería, y en otras ocasiones, se unían los artículos con la etiqueta o serigrafía de determinadas marcas, vulnerando de esta forma los derechos de propiedad industrial de marcas registradas.
AL MENOS DESDE 2016 Y UNA MUJER AL FRENTE
Según los agentes, los investigados llevaban operando al menos desde el año 2016 y contaban con una estructura piramidal, dinámica y con un claro y concreto reparto de tareas entre sus miembros.
En la cúspide del entramado se encontraba una mujer que ejercía funciones de dirección y gestión. Ésta se desplazaba, junto a terceras personas, a los países proveedores para importar los productos falsos y, a su vez, era la encargada de recibir la mayor parte de los beneficios económicos.
Una vez los artículos eran introducidos en nuestro país, estos se repartían por toda la geografía utilizando diferentes puntos logísticos o empresas de paquetería a través de los denominados vendedores relevantes o buzones, los cuales estaban supervisados por un jefe de distribución que era el encargado de recibir las instrucciones.
Finalmente, los vendedores base, o destinatarios finales de los artículos, que eran en su mayoría ciudadanos africanos en situación irregular con escasos recursos económicos, se dedicaban a comercializar los productos a través del denominado ‘top manta’. Se ocupaban de recaudar parte del beneficio obtenido para entregárselo a terceros que lo acumulaban y lo reenviaban a los niveles superiores de la organización.
TRANSFERENCIA Y BLANQUEO DE DINERO
Entre los métodos que utilizaban para esos traspasos de dinero estaban las transferencias o ingresos bancarios directos a la cuenta. Esto lo hacían desde diferentes puntos de España y se reintegraba en las localidades donde residían los líderes de la organización. La otra vía empleada era mediante envíos de paquetería o correspondencia postal a los domicilios de estos.
Por otra parte, las vías utilizadas para blanquear las ganancias ilícitas obtenidas eran principalmente dos: una, la creación de negocios con apariencia legal, tales como restaurantes, y otra, el envío de dinero a su país de origen, Senegal, bien a través de mulas o mediante paquetería.
A fin de extremar las medidas de seguridad, la organización modificaba su ‘modus operandi’ de forma habitual cambiando las vías de entrada de la mercancía falsificada. Por ejemplo, si previamente la entrada en la Unión Europea se producía a través de Reino Unido, la ruta que luego se seguía era China-Alemania-España, así como las formas de pago y de distribución del género.
RED DE «GRAN SOFISTICACIÓN»
Un dinamismo, explica la Policía, que además de dificultar la acción policial, denota una «gran sofisticación» de la red criminal.
La operación se ha centrado en aquellos miembros pertenecientes a los niveles superiores o intermedios de la organización, de los cuales los agentes detectaron que su capacidad económica no se correspondía ni con sus rentas declaradas ni con sus informes de vida laboral, ya que prácticamente ninguno de ellos recibía ingresos y los que lo hacían no eran proporcionales a las entradas económicas registradas en sus cuentas.
A las 39 personas detenidas se les investiga por los presuntos delitos de organización criminal, contra la propiedad industrial, blanqueo de capitales, contrabando e infracción a la Ley de Extranjería.
Entre los arrestados, 14 se han producido en Madrid, cuatro en Sevilla, 15 en el municipio de Lloret de Mar (Girona), tres en Málaga (uno de ellos en Marbella) y tres en Tenerife.
Se han realizado seis registros y siete inspecciones en las distritos madrileños de Carabanchel y Lavapiés, y tres registros y diez inspecciones en la provincia de Girona, en Lloret de Mar.
Por otra parte, en Sevilla se han realizado dos registros domiciliarios y dos inspecciones; en Málaga un registro y dos inspecciones; y, por último, un registro en el municipio tinerfeño de Arona y una inspección en un establecimiento que era el punto neurálgico de la organización en la isla.
Estos registros han dejado 242.501 efectos intervenidos y la incautación de 86.255 euros en efectivo, numerosos dispositivos electrónicos y gran cantidad de documentación relacionada con los hechos investigados.
