La Junta de Andalucía está implementando medidas ante los robos ocurridos en el depósito judicial ubicado en Campanillas, en Málaga capital. SPJ-USO denuncia robos en el depósito judicial y Junta asegura que buscará más medidas en Málaga. Han señalado que «ninguna ha resultado eficiente, por lo que se sigue buscando soluciones» ante unos hechos, denunciados públicamente por el sindicato SPJ-USO, que ha criticado «la penosa situación» de este espacio y ha pedido «nuevas medidas de seguridad».
SPJ-USO denuncia robos en el depósito judicial y Junta asegura que buscará más medidas en Málaga
Desde la Consejería de Justicia han señalado que los robos «se han venido produciendo no solo ahora, sino desde hace años» y han admitido que «en los últimos meses se ha producido un pico que ha hecho que desde la Delegación se hayan tomado diversas medidas», aunque seguirán buscando otras soluciones.
Según la información adelantada por Cadena SER, los funcionarios del depósito judicial de Campanillas han denunciado que en los últimos dos meses han robado 16 veces en este recinto donde se guardan las pruebas de juicios que aún se tienen que celebrar, produciéndose un asalto la pasada noche; por lo que han reclamado a la Junta medidas de seguridad para evitar el expolio.
Al respecto, desde la Consejería han aclarado que los objetos depositados en el mismo «son en la gran mayoría provenientes de casos de hace muchos años, que ya están cerrados, pero que los jueces no han ordenado su destrucción y, por tanto, la Delegación Territorial de Justicia tiene la obligación de custodiarlos».
No hay pruebas determinantes
Además, han apuntado que hay objetos que son de casos vivos aún, «pero no son pruebas determinantes», ya que, han explicado, por ejemplo «si hay ordenadores lo que se almacena allí es el objeto, el contenido como tal que es la esencia de la prueba ya ha sido extraído».
Según han indicado, «en varias ocasiones» han reiterado a las autoridades judiciales que ordenen la destrucción de aquellas pruebas y objetos que ya no son necesarios», ya que, han incidido, la delegación «no puede destruir nada mientras no lo ordene la autoridad judicial competente o la junta de expurgo».
En cuanto a las medidas, han asegurado que el «pico» de robos producido ha hecho que se hayan tomado varias, como seguridad privada, se han comprado cinco contenedores para recoger ahí el contenido guardado en la nave; aunque estos «también han sido asaltados en los últimos robos», e incluso se ha reclamado a la empresa nuevas cerraduras y medios que aseguren su cierre. Además, han indicado que existen cámaras de seguridad.
Según la Junta, esta problemática ha sido trasladada en varias ocasiones a las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, quienes han llegado a detener a los autores de los robos, «pero tanto por la escasa cuantía de lo robado como por la edad de los mismos, han sido puestos en libertad con cargos».
Por su parte, desde el sindicato SPJ-USO han lamentado «la penosa situación en la que se encuentra el archivo judicial de Campanillas, unas dependencias judiciales que, en el término de dos meses, se han visto afectadas por hasta 16 robos en los que se han sustraído gran parte de las piezas de convicción que allí se custodian».
El sindicato lanza un comunicado
«La gravedad de estos actos delictivos no radica únicamente en el valor económico de lo sustraído, sino en que tales piezas constituyen objetos anexos a expedientes judiciales que, en la mayoría de los casos, poseen valor probatorio de cara a las vista y posterior resolución de los procedimientos de referencia», han señalado desde este sindicato en un comunicado.
SPJ-USO también ha puesto estos hechos en conocimiento de la Secretaría General Provincial de Justicia de Málaga, puesto que, «más allá de la responsabilidad judicial que de tales delitos se derive, resulta también obvio que el archivo judicial de Campanillas debe ser dotado con nuevas medidas de seguridad que impidan el expolio al que ha sido sometido y que permitan garantizar la custodia de las referidas piezas de convicción a fin de poder tramitar y resolver con las debidas garantías los procedimientos judiciales a los que están vinculadas».
Han señalado que «la valla y la alarma que protegen el recinto no son, evidentemente, medidas suficientes para asegurar la salvaguarda de las piezas de convicción y, por lo tanto, las debidas garantías de la tramitación y resolución de los procedimientos judiciales», apuntando que «si bien orgánicamente este depósito judicial depende de un letrado de la Administración de Justicia, administrativamente es responsabilidad de la Junta de Andalucía».
Los tres funcionarios a cargo del recinto también han comunicado a la Administración «la necesidad de una solución inmediata que, para empezar, pasa por el debido funcionamiento de la alarma o por la presencia constante de un vigilante de seguridad».
«Desde SPJ-USO insistimos en denunciar ante todo frente la penosa situación en la que se encuentra no sólo el depósito judicial y las piezas de convicción, sino también los procedimientos judiciales vinculados y las condiciones laborales de los funcionarios a cargo», han finalizado.
