Los trabajadores de Iryo en Málaga amenazan con la convocatoria de una huelga a partir del próximo viernes 21 de marzo. La asamblea de personas trabajadoras de la compañía ha adelantado la voluntad conjunta de cesar su actividad en el caso de que no se produzca un resultado favorable por parte del Sistema Extrajudicial de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA) de la próxima semana, que mediará en el conflicto que mantienen con la empresa ferroviaria ILSA (Intermodalidad de Levante S.A.), a la que se acusa de proceder de forma «autoritaria, amenazante e ilícita».
Los trabajadores de “los Frecciarossa” advierten que la compañía ferroviaria les ha llevado al límite, imponiendo medidas para poder gestionar el servicio de trenes y atención al cliente en Málaga que sucumben en abusos y tienen como origen del problema, a su parecer, la falta de plantilla, derivando al mismo tiempo en la «caída en picado» de la calidad que se ofrece a los usuarios en sus trenes.
Los trabajadores de “los Frecciarossa” advierten que la compañía ferroviaria les ha llevado al límite
El Sector Ferroviario de CGT en Málaga, que cuenta con la representación legal de la plantilla en el centro de trabajo de Iryo Málaga y es mayoritario a nivel nacional, espera que no se tenga que recurrir al ejercicio del derecho fundamental de la huelga y que el SERCLA pueda mediar entre las partes para llegar a un acuerdo que reconduzca la situación laboral de los trabajares de Iryo.
Tal resolución pasaría por la rectificación por parte de ILSA para abandonar la dejadez de los últimos meses, a la que se le exige ampliar la plantilla, respetar los derechos de conciliación familiar; la desconexión digital de sus trabajadores; la concreción horaria por cuidados a quienes lo requieran; respetar el derecho a excedencias y reingreso; o respetar la jornada y calendarios laborales establecidos, entre otras medidas.
De no producirse una resolución conforme a estas exigencias, los trabajadores de Iryo advierten de la convocatoria de esta huelga a partir del 21 de marzo, con la que se pretende acabar con las amenazas, imposiciones y desastrosa gestión que, según aseguran, promueven desde la empresa ferroviaria sin respetar «ni a las personas ni a su representación legal».
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