Una investigación publicada recientemente en la Revista Internacional de Cultura Visual ‘Visual Review’ sitúa a la Junta de Andalucía como un «referente» en la información relacionada con la Evaluación de Políticas Públicas, ya que es la segunda institución más mencionada en las noticias analizadas tan solo por detrás de la Unión Europea. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública está actualmente inmersa en la elaboración de una ley específica para implantar la cultura evaluadora en las acciones del Ejecutivo autonómico.
El estudio, realizado por los investigadores Fernando Castelló-Sirvent, de la Escuela de Negocios ESIC, y Marta Peris-Ortiz, de la Universidad Politécnica de Valencia, analiza 11.107 noticias publicadas en 260 medios de prensa española entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, utilizando la base de datos Factiva, perteneciente a Dow Jones & Company.
Según se indica en nota de prensa, la Junta de Andalucía aparece en el 10,62% de las informaciones analizadas. Solo la Unión Europea la supera, al ser mencionada en el 14,5% de las noticias. El Ejecutivo autonómico está más presente en las informaciones sobre la materia que instituciones como Naciones Unidas, la OCDE, la Comisión Europea o el Banco de España, así como los Ministerios del Gobierno central u otros Gobiernos autonómicos.
En el artículo publicado, titulado ‘La Evaluación de Políticas Públicas en España. Análisis de dos décadas de dos décadas de representación mediática’ los autores señalan que «con la consolidación de la democracia, se ha producido una transformación del debate sobre la eficacia y la eficiencia del sector público» de forma que junto a la evaluación a posteriori de los resultados, cada vez más surge la necesidad de un análisis previo para conectar las políticas que diseñan los gobiernos e instituciones con planes, proyectos y objetivos específicos.
Los autores del estudio indican que el análisis de las noticias en prensa sobre el tema permite ver cuáles son las instituciones impulsoras del debate sobre esta necesidad de evaluar las políticas en aras de que realmente sean útiles para los fines que se persiguen así como en que ámbitos se presta más atención a este tema.
En este sentido, concluyen que ese interés es mayor en la política local y regional y, especialmente, en lo referente a Educación y Salud. También evidencian un crecimiento en la preocupación por la cultura evaluadora desde la aprobación de la Agenda 2030 y el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El compromiso del Gobierno andaluz con el impulso a la cultura evaluadora se manifiesta en que actualmente se está elaborando una Ley de Evaluación de Políticas Públicas, un mandato incluido en la reforma del Estatuto de Autonomía de 2007 y que hasta la pasada legislatura no se abordó.
El papel del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) será clave ya que, en ausencia de un marco normativo específico, este organismo lleva años diseñando herramientas e instrumentos de medición del cumplimiento de objetivos y planes de evaluación para políticas concretas, por lo que su experiencia será fundamental.
