El pleno del Ayuntamiento de Torrox, en sesión extraordinaria y monográfica, ha acordado este lunes con el voto favorable de todos los grupos políticos crear un grupo de trabajo para buscar alternativas a la construcción de la subestación eléctrica en la urbanización Torrox Park contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1996 y que fue autorizada mediante un convenio firmado en abril de 2005 por el entonces alcalde, Francisco Muñoz.
El acuerdo se produce apenas dos semanas después de la aprobación en sesión ordinaria de la propuesta de «instar a la revocación de licencia», también aprobada con el voto favorable de todos los grupos políticos, aunque condicionada por el gobierno local a la legalidad de esta medida.
En este sentido, el portavoz ‘popular’, José Manuel Fernández, ha dado a conocer durante su intervención un informe jurídico que concluye que revocar la licencia «podría dar origen al ejercicio de la acción penal» por parte de Endesa.
A pesar de ello, el Gobierno local ha vuelto a votar favorablemente la propuesta de buscar nuevas alternativas «porque nosotros estamos con los vecinos y tampoco queremos esa ubicación, pero todo esto es el resultado de un conjunto de pasos que se han ido dando a lo largo de los años, desde que por parte del Ayuntamiento se adquiriese ese compromiso mediante la firma del convenio en el año 2005 y en 2008 se concedieran licencia e iniciasen los trámites para el desarrollo del proyecto de actuación», ha dicho Fernández.
El informe jurídico asegura que «la ausencia absoluta de cualquier dato que justifique los criterios de interés público a considerar para la revocación podría dar origen al ejercicio de la acción penal por los perjudicados por un posible delito de prevaricación administrativa».
Además explica que para la revocación de la licencia «no concurren los requisitos del artículo 306 del Decreto 550/2022 desde la perspectiva de la revisión de la licencia por motivos de legalidad, porque no se ha producido ningún cambio en el planeamiento urbanístico que es el supuesto que regula el precepto y que la licencia pudiera ser contraria a este».
Y añade que la adopción de un acuerdo revocatorio de la licencia a sabiendas de su ilegalidad conllevaría, además de que dicho acuerdo sería nulo y en consecuencia daría al posible perjudicado el derecho a reclamar los daños y perjuicio irrogados, «pudieran ser constitutivos de un delito del artículo 404 del Código Penal, puesto que el dictado del acuerdo supone una absoluta incompatibilidad con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo inspiran».
La propuesta aprobada contempla la constitución y puesta en marcha de un grupo de trabajo compuesto por personal técnico, político y representantes de colectivos afectados, «que disponga de toda la información con máxima transparencia» y exigir a la empresa competente el soterramiento de las líneas de media y alta tensión que transcurran por el entorno de los centros educativos.
En este sentido, Fernández ha indicado que ya se han mantenido contactos con Endesa y que se ha convocado una reunión entre ambas partes para abordar este asunto la próxima semana.
