El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana la actualización y modernización de los requisitos y procedimientos para las solicitudes de homologación y equivalencia de títulos extranjeros a través de un real decreto que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
«La legislación del real decreto de 2014 introducía cuellos de botella como, entre otros, la necesidad de que todos los expedientes fueran informados por ANECA. Esto hace que cuando se tienen 3.000 expedientes al año, solamente de médicos 1.000 al mes, es imposible», afirmaba el secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades en el Congreso de los Diputados.
El «plan de choque» impulsado por el Ministerio de Universidades para «desatascar» la homologación de títulos universitarios se llevará a cabo gracias a que el Ministerio de Hacienda y Función Pública va a permitir que «aproximadamente 60 funcionarios interinos durante nueve meses» vayan al Ministerio a «desatascar todo el atasco debido al número ingente de solicitudes». «Desde luego que hacemos un plan de choque gracias a que el Ministerio de Hacienda ha entendido que es un tema muy importante», señalaba Pingarrón.
Este plan, según aseguraba el secretario General de Universidades, «va a poder hacerse» aunque se tardará debido a que «hay muchos miles de expedientes que todavía se tienen que comunicar con el ciudadano por carta certificada». «Con el nuevo real decreto será obligatoria la utilización de los medios digitales, pero hasta ahora no era así», precisaba.
Asimismo, afirmó que con esta nueva norma «no se desvincula» la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de la homologación de títulos universitarios, sino que es «una parte muy importante de la nueva comisión de reclamaciones».
«Cuando tengamos medidas generales, que las hacemos con la ANECA, no será necesario pedir un informe. Si ya sabemos que los títulos de medicina de la Universidad de Buenos Aires, por decir una, todos se homologan porque es una buena universidad», explicaba Pingarrón, que espera que con estas medidas puedan «hacer lo que dice la ley y cumplir los expedientes en seis meses».
ACTUALIZAR Y MODERNIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE HOMOLOGACIÓN
La nueva norma pretender actualizar y modernizar la ordenación de las condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en sistemas educativos extranjeros.
Actualmente son dos los procedimientos que constituyen el grueso de las solicitudes de titulados extranjeros que cada año llegan a España: la homologación y la declaración de equivalencia de títulos extranjeros. El nuevo Real Decreto hará que ambos procedimientos se caractericen por su «eficiencia y agilidad», según subraya Universidades.
«Para ello se les dota de un diseño organizativo más ágil, que supone la simplificación de los trámites, acompañado del uso intensivo de tecnologías digitales, lo que facilitará que el tiempo de resolución no supere los seis meses. Además, en todo momento, la persona interesada podrá consultar en qué estado se encuentra la tramitación de su solicitud, realizando la totalidad de trámites por la vía electrónica», añade este departamento.
CREACIÓN DE UNA COMISIÓN QUE ADOPTE MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
Para ello, se crea la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia (CATHDE), que formulará la propuesta de resolución en el plazo de dos meses y podrá adoptar medidas de carácter general.
Estará compuesta por trece personas: tres de la secretaría general de Universidades, dos de ANECA, cuatro decanos/as o direcciones de Escuelas universitarias, cuatro elegidas entre profesorado universitario y se renovarán cada tres años, designadas con el previo acuerdo del Consejo de Universidades. Dicha Comisión podrá solicitar informes sobre conocimientos y competencias a la ANECA y a profesorado universitario o a personas expertas en el ámbito profesional del título.
Además, no será necesaria una propuesta de la Comisión, cuando se trate de un título expedido por una universidad de algún país que forme parte del Espacio Europeo de Educación Superior o si hay una medida de carácter general.
Otra novedad citada por Universidades radica en la digitalización de los procedimientos ya que la totalidad de los trámites de los procedimientos de homologación y declaración de equivalencias serán efectuados por vía electrónica. Así, las solicitudes, la documentación requerida y las comunicaciones y notificaciones se realizarán en la sede electrónica asociada del Ministerio de Universidades mientras que las credenciales de homologación y los certificados de declaración de equivalencia se expedirán en soporte electrónico.
Además, se ha adquirido el compromiso de reducir el plazo de resolución del procedimiento a un máximo de 6 meses. La norma establece plazos máximos para cada uno de los trámites del procedimiento de homologación y de declaración de equivalencia, con el fin de que sea resuelto en el máximo de 6 meses.
En casos concretos, como los que se refieren a las personas beneficiarias de protección internacional por afluencia masiva de personas desplazadas –como en el caso de los ucranianos– se agilizará el procedimiento y podrán sustituir la documentación exigida por una declaración responsable.
