Este martes algún que otro animal puede sufrir algún tiempo de espera por el cierre convocado por la Asociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía (AMVEAC) en protesta por la aplicación del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios desde principios de año. Ahora, clínicas de toda España se están sumando a esta iniciativa.
Un total de 300 clínicas veterinarias están llamadas al paro de actividad y petición pública de reformas por parte de la veterinaria malagueña con el lema “¡La veterinaria dice basta!”. La entrada en vigor de esta ley obliga a la comunicación de prescripciones de antibióticos con destino a animales de compañía, lo que ha suscitado una problemática añadida a los veterinarios ejercientes en clínica de animales de compañía, tal y como explicó el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Juan Antonio de Luque, a 101 Televisión recientemente.
Una problemática que justifican por el incremento de trámites burocráticos que esta obligación supone; acentuada además, por la dificultades técnicas que en la práctica se vienen detectando para dar cumplimiento a la misma. “Por si fuera poco, la rigidez del régimen sancionador que afecta a estas obligaciones supone un agravamiento de la situación, al colocar al profesional en una situación de considerable incertidumbre”, defiende el colectivo de profesionales.
Por todo ello, desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios han sido numerosas las actuaciones llevadas a cabo ante la administración y empresas privadas relacionadas con la actividad clínica veterinaria, para intentar en la medida de lo posible, atenuar esta situación. Y este martes, se llevará a cabo el cierre simbólico de las clínicas a las 11.00 horas secundaod por el Ilustre colegio oficial de veterinarios de Málaga (COLVET Málaga) y la Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE).
A modo de ejemplo, y como más reciente actuación, el pasado 17 de enero, vistas las consecuencias que este proceso venía ya mostrando desde su puesta en marcha, el Consejo Andaluz remitió un escrito de petición directamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – del que se dio traslado al Consejo General de la Profesión Veterinaria de España -, en el que, previa exposición de la situación, se realizaban las distintas peticiones.
Peticiones
En primer lugar, se solicita que el Ministerio de Agricultura establezca una moratoria, de al menos un año de duración, para que, a modo de periodo transitorio de prueba, permita que el sistema Presvet llegue a estar perfectamente preparado, sea ágil y facilite su uso a los veterinarios, no limitando su ejercicio clínico.
Además, se solicita que durante dicho periodo de prueba, se suspenda la aplicación del régimen sancionador previsto por la normativa, respecto de las obligaciones de transmisión y volcado de prescripciones de antibióticos, así como la modulación de las sanciones establecidas – cuando definitivamente sean de aplicación – al ser «totalmente desproporcionadas», según señalan.
También se une a las peticiones que se trabaje de forma conjunta con las administraciones para la formación y concienciación de la ciudadanía y los profesionales en el uso de antimicrobianos de forma positiva y no punitiva, así como que se establezcan criterios válidos que permitan a la Administración obtener una información fiable sobre el uso de los medicamentos, basado, no ya en la prescripción, sino en la dispensación y uso efectivo del medicamento.
Todas estas reivindicaciones se unen además a las peticiones realizadas desde hace años por el Consejo Andaluz, en cuestiones tales como la eliminación de trabas normativas para la cesión, suministro y venta menor de medicamentos destinados a los animales bajo el cuidado directo del profesional veterinario.
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