El Colegio de Veterinarios de Sevilla ha criticado como «erróneas» la difusión de noticias relacionadas sobre La entrada en vigor a fecha 5 de enero de 2022 de un supuesto ‘DNI animal’ por ser una medida contemplada en el anteproyecto de ley de Protección y Derechos de los animales «que actualmente se encuentra paralizado» y que «no tiene relación alguna» con la nueva ley que ha entrado en vigor.
Así las cosas, el colectivo ha explicado en un comunicado que, a fecha 5 de enero de 2022, ha entrado en vigor la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, «sin tener relación alguna con la entrada en vigor de un supuesto ‘DNI Animal’ u otra normativa de ámbito Europeo, Nacional y Autonómico relacionado con algún método de Identificación Animal».
Según los veterinarios, esta Ley 17/2021 «establece el régimen jurídico de los animales a fin de adaptarlo a la realidad social que existe donde se establece que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, es decir, seres sintientes y no cosas».
En esta línea, desde el colegio de Sevilla se ha recordado que, en Andalucía, se lleva desde el año 2005 instaurando un sistema de identificación animal, lo que hace que «los animales de compañía ya disponen en Andalucía de su Tarjeta de Identificación Animal (Daira), que podría conocerse como el DNI de las mascotas y que contiene algunos datos como el número de microchip, la especie, la raza, el sexo, el nombre, la fecha de nacimiento, los datos del propietario y los datos del veterinario identificador».
Este Sistema de Identificación, el microchip –obligatorio en perros, gatos y hurones en Andalucía– y el pasaporte Europeo conforman, continúan los veterinarios, «una herramienta de registro, identificación y trazabilidad sólida y eficaz entre los animales y sus propietarios, ayudando a gestionar el control sanitario de los animales de compañía, asegurar el bienestar animal y la salud pública, además de contribuir en la determinación de las responsabilidades derivadas de su tenencia».
